Diputados aprueban nueva Ley de Telecomunicaciones
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones con registro biométrico de usuarios. Oposición acusa avance hacia un “Estado policiaco”.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la nueva Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye un registro de usuarios de telefonía celular vinculado a la CURP y datos biométricos. Aunque el bloque mayoritario defendió la medida como parte de una estrategia para combatir delitos de alto impacto, la oposición denunció que la iniciativa allana el camino para un “Estado policiaco”.
Durante la sesión, la bancada del PRI protagonizó una protesta simbólica con un ataúd blanco que decía “Murió la libertad”, lo que el PT calificó como un acto de marketing político. La iniciativa, que también crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), fue avalada tras una maratónica discusión de casi 10 horas en la que se rechazaron 277 reservas. La votación final fue de 343 votos a favor y 129 en contra.
Rubén Moreira, del PRI, argumentó que existe una contradicción entre la Constitución y la ley, al excluir al Senado del proceso de ratificación de integrantes del nuevo órgano regulador. Otros diputados, como Luis Gerardo Sánchez y Paulina Rubio Fernández del PAN, alertaron sobre los riesgos a la libertad de expresión y el potencial uso de la ley para vigilar sin mandato judicial.
Desde Morena y el PT, se defendió que las nuevas disposiciones permitirán acabar con prácticas monopólicas y fortalecer la soberanía digital. Luis Enrique Martínez destacó que la regulación frenará el uso político de los medios y evitará la injerencia extranjera. Reginaldo Sandoval lamentó el tono de la oposición y negó que se pretenda espiar a la ciudadanía.
La ley fue turnada al Ejecutivo para su publicación y abroga la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Según los legisladores del bloque mayoritario, el registro biométrico y la localización geográfica de usuarios solo se aplicarán con autorización judicial, con el fin de combatir delitos como la extorsión y el secuestro.