Juezas electas en Jalisco, vinculadas a La Luz del Mundo: ¿infiltración religiosa en la justicia mexicana?

En un hecho que ha encendido alarmas entre defensores del Estado laico y del acceso equitativo a la justicia, dos mujeres fuertemente vinculadas a La Luz del Mundo, organización religiosa cuyo líder fue condenado por abuso sexual infantil, han sido electas como juezas federales en Jalisco. Se trata de Eluzai Rafael Aguilar Salazar, nombrada jueza de distrito en materia penal, y Madián Sinaí Menchaca Sierra, quien ocupará un cargo en materia administrativa.

Ambas recibieron esta semana sus constancias oficiales por parte del INE, en medio del hermetismo y la negativa a declarar públicamente sobre su pertenencia a la iglesia.

¿Quiénes son y qué relación tienen con La Luz del Mundo?

• Eluzai Rafael Aguilar es hija de Samuel Rafael Quintana, obispo de la congregación. Además, fue maestra en instituciones educativas vinculadas a La Luz del Mundo. Aunque ha declarado que su religión no influirá en su trabajo judicial, no ha desmentido su pertenencia a la organización.
• Madián Sinaí Menchaca Sierra es hija de Nicolás Menchaca Tristán, actual obispo de La Luz del Mundo en Jalisco y uno de los principales abogados defensores del líder religioso Naasón Joaquín García, quien cumple una condena en EE.UU. por abuso sexual de menores. La nueva jueza se negó a emitir cualquier comentario sobre sus vínculos con la organización.

¿Qué cargos ocuparán?

Ambas ejercerán funciones de alta relevancia en el sistema judicial federal:

• Aguilar Salazar será jueza penal de distrito, con capacidad para resolver casos de crimen organizado, delitos contra menores, narcotráfico, feminicidio y más.
• Menchaca Sierra será jueza administrativa, con facultades para revisar actos del gobierno, autorizaciones, contratos y sanciones, incluso en áreas como educación y salud.

Estos cargos les otorgan amplio poder legal, autonomía, acceso a recursos sensibles y la posibilidad de influir en decisiones clave en temas donde su iglesia tiene intereses, conflictos legales o investigaciones abiertas.

¿En qué puede beneficiarse La Luz del Mundo?

La presencia de integrantes o familiares cercanos al liderazgo de La Luz del Mundo en el Poder Judicial plantea un riesgo real de conflicto de interés. Los beneficios potenciales incluyen:

1. Blindaje legal: tener aliadas en el sistema judicial mexicano podría entorpecer o desestimar investigaciones locales en curso contra la organización o sus miembros.
2. Protección patrimonial: decisiones judiciales en temas de impuestos, fiscalización o uso de recursos públicos podrían favorecer a instituciones controladas por la iglesia.
3. Control institucional: al ocupar cargos estratégicos, se fortalece una red de influencia dentro del Estado que compromete la imparcialidad judicial y erosiona la división entre Iglesia y Estado.
4. Legitimación pública: el nombramiento de miembros de La Luz del Mundo como funcionarias judiciales blanquea la imagen pública de una organización marcada por condenas y escándalos internacionales.

Ambas candidatas fueron las únicas registradas en sus respectivos distritos electorales, lo que ha levantado sospechas sobre falta de competencia, opacidad en los procesos de selección y posible cooptación política. Diversos colectivos han señalado que los filtros aplicados no garantizaron criterios de mérito ni independencia real.

Por ahora, ni el INE ni el Poder Judicial han emitido pronunciamientos sobre las preocupaciones por el vínculo religioso. Las funcionarias electas invocan su derecho a la libertad religiosa como escudo para evitar cuestionamientos. Sin embargo, expertos constitucionalistas alertan que el derecho a profesar una fe no debe traducirse en permitir la infiltración institucional de un grupo con historial criminal.

Este caso representa un serio retroceso en la protección del Estado laico en México. El acceso de personas profundamente ligadas a una organización acusada de crímenes graves a posiciones clave del Poder Judicial plantea un escenario peligroso: el de la normalización de la impunidad a través del poder institucional. Más allá del derecho individual a la religión, el interés público exige transparencia, competencia y absoluta independencia en quienes juzgan a nombre de la ley.

El país no puede darse el lujo de convertir a sus tribunales en plataformas de encubrimiento ideológico ni en zonas de confort para redes de poder religioso con oscuros antecedentes. El nombramiento de estas juezas debe ser examinado con lupa, y la sociedad civil tiene derecho a exigir que la justicia no se arrodille ante ningún credo.

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