Gobernador de Chiapas niega desplazamiento forzado pese a ola de violencia
Familias de Frontera Comalapa buscan refugio en Guatemala ante la violencia, mientras el gobierno de Chiapas rechaza hablar de desplazamiento forzado.
La tensión en la frontera sur de México se intensifica. Mientras el gobierno de Guatemala confirmó que 161 chiapanecos recibieron permisos de permanencia humanitaria tras abandonar sus comunidades por la violencia en Frontera Comalapa, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó que exista un desplazamiento forzado de población indígena.
Según el mandatario, los habitantes que han cruzado la frontera lo hicieron “voluntariamente” y atribuyó el éxodo a vínculos familiares con personas que enfrentan procesos penales o forman parte de organizaciones delictivas.
El trasfondo: cárteles y grupos locales en pugna
Ramírez Aguilar reconoció que en administraciones pasadas el tejido social de la región se debilitó debido a la colusión con organizaciones criminales. En particular, mencionó a El Maíz, un grupo afín al Cártel Chiapas-Guatemala, presuntamente liderado por El Colocho, quien opera desde territorio guatemalteco.
El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se han solicitado cuatro fichas rojas a Interpol contra cabecillas de esta organización, además de que existen 50 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra sus integrantes.
La versión oficial contrasta con lo informado por las autoridades guatemaltecas, que confirmaron la entrada de chiapanecos en busca de protección. Organismos civiles también han reportado decenas de familias huyendo de la violencia, especialmente de comunidades como El Sabinalito, en Frontera Comalapa.
Aunque el gobierno de Chiapas insiste en que no se trata de desplazamiento forzado, especialistas en derechos humanos advierten que los movimientos masivos por violencia armada y presencia del crimen organizado sí cumplen con esa definición.
Operativos y aseguramientos
En un intento por recuperar el control en la zona serrana, las autoridades han desplegado un operativo con más de 1,500 elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Fuerza Pakal. Además, un helicóptero artillado Black Hawk realiza sobrevuelos diarios.
Desde el 8 de diciembre, se han asegurado 78 vehículos, entre ellos cinco unidades tipo “monstruo”, utilizadas por los cárteles para enfrentamientos en comunidades como Paso Hondo, El Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande.
La situación en la frontera Chiapas-Guatemala refleja la creciente presión del crimen organizado en comunidades rurales e indígenas. Mientras el gobierno local busca minimizar la narrativa de desplazamiento, las imágenes de familias cruzando la frontera en busca de refugio humanitario muestran una realidad difícil de ocultar.
La pregunta que persiste es: ¿se trata de desplazamiento forzado negado por las autoridades, o de un fenómeno migratorio voluntario, como argumenta el gobernador?
