Seguridad en definición: Avances que requieren trascender el sexenio
México enfrenta un punto de inflexión en seguridad: caen homicidios y mejora la vida cotidiana, pero la cifra negra y la fragilidad institucional siguen siendo retos.
México se encuentra en un punto de inflexión en materia de seguridad. Durante años, la narrativa estuvo dominada por cifras crecientes de violencia y una percepción ciudadana que parecía condenada a la desconfianza. Hoy, sin embargo, las encuestas de victimización y los reportes oficiales dibujan un escenario distinto: delitos de alto impacto como el homicidio doloso muestran señales de contención, el feminicidio se estabiliza y el secuestro deja de crecer con la fuerza que antes lo caracterizaba. En paralelo, mexicanas y mexicanos reconocen mejoras en lo más cercano a su vida diaria: calles mejor iluminadas, patrullajes más frecuentes y parques o canchas que vuelven a ser espacios de encuentro. Estos avances, aunque frágiles, confirman que la estrategia actual ha logrado mover la aguja y colocarnos en una coyuntura decisiva.
Los datos de los últimos dos años muestran que la prevalencia delictiva alcanzó uno de sus niveles más bajos en una década, con poco más de 24 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. La incidencia, que mide la cantidad total de delitos, se mantiene estable, en contraste con los picos que solían desbordar cualquier intento de control. Más aún, el promedio diario de homicidios descendió más de 30% en 2025 respecto al año previo, logrando el agosto menos violento en este rubro desde 2015. Son hechos que no pueden explicarse solo como coyunturas, sino como resultado de una estrategia que empieza a rendir frutos.
No obstante, la seguridad no se define únicamente por los números de carpetas abiertas o las estadísticas nacionales. Se construye, sobre todo, en la vida cotidiana. La ciudadanía percibe con claridad cuando hay más vigilancia en su colonia, cuando el alumbrado funciona o cuando se recupera un espacio que antes estaba abandonado. Estos elementos, aparentemente simples, generan confianza y devuelven un sentido de pertenencia. La seguridad se vuelve real cuando la gente puede caminar de noche sin el mismo temor de antes, cuando las familias usan de nuevo los parques o cuando el patrullaje cercano manda la señal de que el Estado acompaña.
El gran reto, sin embargo, sigue siendo la cifra negra. Más del 90% de los delitos cometidos en el país no se denuncian o no se investigan. Esta omisión erosiona la confianza ciudadana y limita la capacidad institucional para responder de manera efectiva. Denunciar sigue percibiéndose como una pérdida de tiempo, con trámites largos, resultados inciertos y un retorno casi nulo para la víctima. La consecuencia es evidente: mientras la mayoría de los delitos quede en la sombra, la percepción de inseguridad difícilmente cambiará, por más que algunos indicadores muestren mejoría. La cifra negra es, por tanto, no solo un problema estadístico, sino un desafío político y social que requiere atención prioritaria.
En el terreno económico, los datos también reflejarían una transformación que merecería destacarse. El costo del delito, medido como proporción del PIB, bajaría de 1.15% en 2023 a 1.07% en 2024. A nivel individual, el costo promedio por persona afectada se ubicaría en 6,226 pesos en 2024. Esto implicaría que, aunque el número de víctimas no disminuyera de manera drástica, los delitos más costosos habrían reducido su peso en la victimización nacional. La diferencia, que parecería marginal en porcentajes, equivaldría en realidad a decenas de miles de millones de pesos que mexicanas y mexicanos no perderían frente al delito, recursos que podrían destinarse al consumo, el ahorro o la inversión familiar.
El momento político obliga a reconocer que los logros son frágiles. La seguridad pública no se transforma en un año ni en un sexenio. Las experiencias internacionales demuestran que los países que lograron reducciones sostenidas en violencia lo hicieron gracias a políticas continuas, mantenidas por más de una década y respaldadas por instituciones sólidas. En México, el riesgo de retroceso sería alto si las estrategias se interrumpen o cambian radicalmente con cada administración. La continuidad es la condición mínima para que lo ganado se convierta en una nueva normalidad.
Fortalecer instituciones resulta igual de crucial. No basta con iluminar calles o patrullar colonias: se necesita que ministerios públicos, fiscalías y policías locales sean confiables, eficaces y accesibles. La ciudadanía debe sentir que denunciar tiene sentido, que el sistema funciona y que la justicia llega. Reducir la cifra negra, mejorar la tasa de resoluciones favorables y garantizar protección a las víctimas son pasos indispensables para que las mejoras operativas se traduzcan en confianza social.
En suma, México vive un momento de definición en seguridad: se observan señales de contención en delitos graves, mejoras visibles en comunidades y una menor carga económica del delito. Pero la percepción de inseguridad y la persistente cifra negra recuerdan que aún hay un largo camino. La clave será dar continuidad a la estrategia y fortalecer las instituciones, no solo durante este sexenio, sino más allá, de modo que los avances se consoliden en un cambio real y duradero en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. De sostenerse, podríamos estar ante el inicio de una transformación histórica que devuelva la paz a nuestras calles y la esperanza a nuestras comunidades.
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