Reforma laboral: violencia laboral será sancionada y empresas deberán reparar daño
El Senado acordó una reforma laboral histórica que reconoce la violencia laboral, obliga a sanciones y exige que las empresas reparen el daño a las víctimas.
La Cámara de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad un dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo e incorporar oficialmente el concepto de violencia laboral. A partir de esta modificación, empresas tendrán la obligación de sancionar conductas como acoso, discriminación y hostigamiento, y reparar el daño causado.
Este dictamen representa un cambio relevante en el terreno laboral, pues por primera vez la legislación mexicana reconocerá expresamente prácticas como acoso laboral, ciberacoso y discriminación dentro del entorno de trabajo, ampliando las conductas condenables más allá del acoso sexual y hostigamiento.
Clasificación de la violencia laboral
El proyecto identifica cinco tipos de violencia laboral, lo que ayuda a perfilar denuncias y responsabilidades con mayor precisión:
- Económica: cuando se limita el ingreso o se paga menos por el mismo trabajo.
- Física: uso de fuerza o armas, ya sea que causen lesiones o no.
- Patrimonial: destrucción o retención de bienes, documentos o recursos.
- Psicológica: intimidación constante, humillaciones o actitudes sistemáticas.
- Sexual: conductas degradantes o exigencia de favores sexuales.
Además, el dictamen reconoce el derecho a la reparación integral del daño, lo que incluye medidas como restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición.
Las empresas dejarán de estar exentas simplemente por “separar partes”: ahora deben aplicar sanciones concretas y atender mecanismos de reparación. La PROFEDET ofrecerá orientación y representación legal gratuita para trabajadores que enfrenten violencia o discriminación laboral.
Para presentar una denuncia, serán válidas pruebas como documentos, grabaciones de voz o video, mensajes electrónicos e imágenes. Esto otorga herramientas más amplias a las víctimas para sustentar su caso.
Esta reforma además responde al Convenio 190 de la OIT, ratificado por México en 2020, que exige proteger a las personas contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. México llevaba años sin incorporar esas obligaciones en la ley nacional, pese a múltiples iniciativas presentadas durante el proceso legislativo.
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