Marcha de la Generación Z: detenidos, investigaciones y un país dividido

La movilización conocida como Marcha de la Generación Z, realizada el pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, dejó un saldo que sigue creciendo: detenciones trasladadas al Reclusorio Norte, averiguaciones por tentativa de homicidio, investigaciones contra elementos policiales y decenas de lesionados.

Autoridades locales anunciaron medidas legales y administrativas para esclarecer responsabilidades y atender a las víctimas.

Detenciones y procesos: quiénes fueron consignados

Tras la movilización, varios de los jóvenes detenidos fueron trasladados al Reclusorio Norte, donde están a la espera de que un juez determine si se les vincula a proceso. Algunas carpetas de investigación incluyen delitos graves: tres de ellas son por tentativa de homicidio.

En total, las autoridades presentaron a decenas de personas ante distintas instancias: 41 fueron llevadas al Juzgado Cívico y 29 remitidas al Ministerio Público, con diferentes derivaciones hacia agencias como Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. De los remitidos al MP, 19 fueron declarados no responsables y 10 casos fueron sobreseídos al considerarse lesiones leves conforme a la Ley de Cultura Cívica.

Mientras algunos detenidos han recuperado su libertad por falta de elementos —como el caso de un joven de 17 años señalado de tentativa de homicidio que fue liberado por ausencia de pruebas—, otros permanecen en proceso y podrían enfrentar cargos si el Ministerio Público y el juez lo determinan.

Saldos de violencia: policías y civiles heridos

Los choques entre manifestantes y policías dejaron 11 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hospitalizados y 20 civiles lesionados, cifras que fueron reportadas por autoridades locales como parte del balance inicial. Además, la SSC indicó que participaron alrededor de 800 policías en el operativo de la marcha.

Familiares y simpatizantes se concentraron en las sedes donde permanecían los detenidos para exigir su liberación y denunciar presuntos abusos. Voces de apoyo jurídico, como las del PRI y despachos de abogados privados, se ofrecieron para brindar defensa a los jóvenes remitidos al proceso.

Investigaciones a policías: 18 indagados por uso excesivo de la fuerza

El gobierno capitalino anunció una investigación administrativa y penal sobre 18 policías por presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones a protocolos en el operativo. De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el objetivo de la pesquisa es garantizar que no haya excesos y, de confirmarse responsabilidades, aplicar sanciones administrativas o penales.

Brugada insistió en su conferencia en que su administración no ordenó represión y enfatizó: “Jamás daré una orden de represión ante cualquier expresión o manifestación pública”. Al mismo tiempo pidió a las autoridades judiciales esclarecer si algunos manifestantes actuaron con violencia deliberada.

Entre las imputaciones que aparecen en las carpetas figuran tentativa de homicidio, robo, lesiones y daño a la propiedad. La fiscalía local ha remitido casos ante jueces de control y continúa la integración de expedientes para presentar o desechar cargos, según corresponda a la evidencia. Algunos casos han sido sobreseídos cuando las lesiones se consideraron menores en términos de la Ley de Cultura Cívica.

Padres de los detenidos, organizaciones civiles y simpatizantes del movimiento han denunciado malos tratos y golpes durante las detenciones, mientras que autoridades aseguran que los procedimientos siguieron protocolos y que las personas recibirán atención médica y acceso a defensa legal. Además, el PRI y varios despachos ofrecieron apoyo jurídico a las familias. 

En el plano político, el episodio intensificó el intercambio de acusaciones: por un lado, voces gubernamentales culpabilizan a grupos organizados y actores opositores por la violencia y la posible financiación; por el otro, defensores de derechos humanos y la oposición demandan investigaciones imparciales sobre el uso de la fuerza y el respeto a las garantías procesales. 

Qué sigue: plazos, investigaciones y audiencias

Las personas enviadas al Reclusorio Norte esperan ser presentadas ante un juez de control en las próximas 48 horas para resolver su situación jurídica; en paralelo, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad continúan recabando pruebas —imágenes, testimonios y peritajes— que permitan determinar responsabilidades tanto de manifestantes como de policías. Asimismo, las averiguaciones administrativas contra los 18 elementos irán paralelas a cualquier investigación penal.

La Marcha de la Generación Z dejó claros los riesgos que enfrentan las ciudades modernas al intentar mediar entre el derecho a la protesta y la preservación del orden público. Con detenciones, investigaciones y acusaciones cruzadas, el episodio plantea preguntas sobre proporcionalidad en la actuación policial, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de procedimientos transparentes que permitan a la sociedad confiar en las resoluciones judiciales y administrativas que se avecinan. 

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