Organizaciones civiles alertan militarización, ecocidio y violaciones legales en tramos del Tren Maya
Una misión civil integrada por 13 organizaciones documentó militarización, ecocidio, especulación de tierras, violencias criminales y violaciones legales en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
La construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya en Quintana Roo y Campeche presenta un escenario “altamente crítico” marcado por militarización, ecocidio, violencias criminales, especulación inmobiliaria y violaciones al marco jurídico vigente, concluyó una misión civil integrada por 13 organizaciones.
El reporte, elaborado por colectivos como Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Jaltun Investigación y Acción Colectiva, documenta preocupaciones graves que —advierten— pueden agudizarse en los próximos años si no se corrigen los patrones identificados.
Según la investigación, realizada con testimonios directos, análisis de fuentes oficiales, académicas y periodísticas, así como un recorrido en campo, la región atraviesa una transformación profunda que afecta tanto a las comunidades indígenas como al equilibrio ambiental de la selva.
Militarización creciente en territorios indígenas
El informe “Misión civil de observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche” subraya que la presencia de las fuerzas armadas en la zona es “alarmante”.
De acuerdo con las organizaciones, militares armados se observan en estaciones del tren, bancos de materiales, carreteras en construcción, hoteles, aeropuertos, museos, parques temáticos, zonas arqueológicas e incluso escuelas y espacios comunitarios. La misión interpreta esta expansión como parte de un proceso más amplio de control territorial.
El documento sostiene que la entrega del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consolidó un escenario en el que la institución militar amplía su influencia económica y estratégica mediante empresas paraestatales y la administración de megaproyectos.
Asimismo, denuncia que esta presencia ha derivado en actos de intimidación y en la inhibición de voces críticas en las comunidades afectadas.
Testimonios de abusos y violaciones a derechos
Durante los recorridos, las organizaciones civiles documentaron testimonios de abusos de autoridad cometidos por elementos militares, que incluyen extralimitación de funciones, restricciones injustificadas de acceso a territorios y presiones sobre autoridades ejidales y comunitarias.
Habitantes de diversas localidades señalaron que las dinámicas militares han alterado la vida cotidiana, generando temor, desplazamiento de actividades tradicionales y tensiones con los cuerpos de seguridad.
Impactos socioambientales y riesgo de ecocidio
Además de la militarización, el informe alerta sobre daños ambientales de gran escala: deforestación, afectación a cuevas y ríos subterráneos, fragmentación de ecosistemas y riesgos para especies en peligro. Señalan que las modificaciones aceleradas del territorio se realizan sin apego pleno al marco ambiental ni a estándares internacionales de protección.
Violencias criminales y especulación de tierras
El reporte también detectó un incremento en la presencia de grupos criminales vinculados a la explotación de recursos, el cobro de piso y la ocupación irregular de predios. De la mano de ello, las organizaciones identifican un aumento en la especulación inmobiliaria que está presionando a comunidades enteras a vender o abandonar sus tierras.
Inaccesibilidad a la justicia
Las organizaciones advierten que, pese a la magnitud de los impactos, las comunidades enfrentan dificultades para acceder a mecanismos efectivos de denuncia o protección, debido a la falta de transparencia, la militarización del proyecto y la ausencia de procesos de consulta adecuados.
Llamado urgente a intervención y protección
El diagnóstico concluye que las afectaciones documentadas requieren atención inmediata del Estado, mecanismos independientes de supervisión y un replanteamiento de la presencia militar en la región.
Las organizaciones firmantes reiteran que los hallazgos no sólo reflejan un momento crítico, sino una tendencia que podría agravarse si no se detienen las prácticas de violencia institucional, destrucción ambiental y despojo territorial.
