Lenia Batres propone revisar sentencias firmes y abrir la puerta a nulificar resoluciones por “cosa juzgada fraudulenta”
La ministra impulsa que la Suprema Corte pueda reabrir casos cerrados cuando existan indicios de fraude, mientras Yasmín Esquivel advierte riesgos para la seguridad jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entró en un debate de gran trascendencia jurídica: la posibilidad de revisar y anular sentencias que ya son firmes bajo el argumento de “cosa juzgada fraudulenta”. La discusión surge a raíz de un caso en el que una mujer reclamó la simulación de un adeudo presuntamente fabricado por su exesposo y una empresa.
El asunto, aún sin resolución final, detonó un posicionamiento general de los ministros respecto al alcance de la cosa juzgada, uno de los principios más sólidos del derecho procesal mexicano. Al menos cinco ministros manifestaron apoyo para reabrir casos cuando existan indicios de fraude en juicios ya concluidos.
La propuesta de Lenia Batres
La ministra Lenia Batres encabezó la postura que propone que la Corte cuente con un mecanismo excepcional para revisar sentencias pasadas cuando se detecten acciones fraudulentas que no fueron tomadas en cuenta al momento de emitir el fallo original.
Batres argumentó ante el Pleno que la Corte, en integraciones anteriores, permitió que resoluciones producto de irregularidades o engaños pasaran sin posibilidad de corrección:
“Hubo sentencias fraudulentas que pasaron por nuestras narices, y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer nada”, señaló.
Entre los ejemplos mencionados destacó casos sobre tierras ejidales en los que, según expuso, campesinos fueron despojados debido a maniobras irregulares cometidas incluso por quien debía representarlos jurídicamente.
Mayoría respalda revisar sentencias por fraude
Los ministros Hugo Aguilar, Irving Espinosa, Loretta Ortiz y Sara Herrerías coincidieron en que la Corte no puede mantener una aplicación rígida del principio de cosa juzgada cuando ello implica convalidar actos fraudulentos o violaciones graves a la justicia.
Para ellos, la revisión de este tipo de sentencias no debe ser la regla, sino una medida estrictamente excepcional, pero necesaria para garantizar que el fraude no tenga efectos protegidos por el propio sistema judicial.
Esquivel se opone: “la seguridad jurídica está en riesgo”
La ministra Yasmín Esquivel fijó una postura contraria. Para ella, la cosa juzgada es un pilar esencial del Estado de Derecho, pues garantiza que las resoluciones judiciales tengan vigencia, certidumbre y efectos definitivos.
Esquivel insistió en que permitir la reapertura de sentencias firmes podría generar incertidumbre entre los ciudadanos y las instituciones, al no existir garantías de que los fallos sean realmente definitivos.
“La cosa juzgada otorga confianza a los gobernados. Reabrir sentencias podría vulnerar esa seguridad jurídica”, afirmó.
La discusión ocurre en un contexto en el que varios asuntos sensibles se encuentran bajo la lupa de la opinión pública. Entre ellos:
- El proyecto de Lenia Batres para que indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad se paguen en UMAS y no en salarios mínimos, lo que reduciría significativamente los montos otorgados a víctimas y familiares.
- La reciente controversia por la atracción de un asunto fiscal de Femsa, impulsada por Batres, que generó debate interno sobre si se vulneraba o no la cosa juzgada en materia fiscal.
Estos elementos han tensado la dinámica al interior de la Corte y han colocado a Batres como una figura central en las transformaciones que algunos ministros impulsan para el máximo tribunal.
La discusión abierta en la SCJN refleja un dilema fundamental del sistema judicial mexicano: cómo equilibrar la seguridad jurídica —la certeza de que las sentencias son definitivas— con la necesidad de corregir injusticias surgidas de actos fraudulentos.
Revisar sentencias pasadas puede ser una herramienta poderosa para reparar daños, pero también un riesgo si se usa sin límites claros. Por eso, este debate no debe pasar desapercibido: afecta no solo a los tribunales, sino a todos los ciudadanos que confían en que la justicia, una vez dictada, es firme, imparcial y definitiva.
La sociedad necesita una Corte que sea capaz de corregir errores graves, sí, pero también una Corte que preserve la estabilidad del sistema de justicia. Encontrar ese equilibrio será clave para mantener la confianza pública en las instituciones.
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