Reforma hídrica: beneficios y riesgos para México

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma hídrica impulsada por Claudia Sheinbaum, una de las transformaciones legales más importantes en materia de agua de las últimas décadas. La iniciativa, que ahora avanza al Senado, busca sustituir el modelo vigente desde 1992 y establecer una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo central de garantizar el agua como derecho humano y no como mercancía.

La aprobación se dio en medio de un intenso debate político, protestas del sector agrícola y fuertes advertencias de especialistas sobre los impactos económicos y sociales que podría traer si no se aplica con cuidado.

¿Qué es la reforma hídrica de Sheinbaum?

La reforma hídrica pretende cambiar de fondo la manera en que México administra, distribuye y regula el agua. Hasta ahora, el sistema de concesiones permitía que particulares pudieran vender, heredar o transferir derechos de uso del agua. Con la nueva ley, este esquema se modifica para que el Estado recupere el control total sobre la redistribución del recurso.

El nuevo marco legal reconoce explícitamente el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos prioritarios, colocando el consumo doméstico por encima del uso industrial, agrícola o comercial. Además, fortalece las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supervisar, sancionar y redistribuir las concesiones cuando exista sobreexplotación de acuíferos o riesgo ambiental.

¿Qué es lo que se modifica con la nueva Ley General de Aguas?

Uno de los cambios más importantes es que las concesiones de agua ya no podrán ser vendidas ni transferidas entre particulares. Si una tierra cambia de uso —por ejemplo, de agrícola a urbano—, el permiso de agua ya no se transfiere automáticamente: regresa al Estado, que decidirá a quién se le asigna nuevamente.

La reforma también reconoce legalmente a los sistemas comunitarios de agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas, lo que permitirá que operen bajo reglas propias con respaldo legal. Además, se incorporan nuevas figuras de responsabilidad hídrica, que obligan a usuarios, empresas y autoridades a cuidar el recurso, fomentar el reúso, reducir el desperdicio y proteger las cuencas.

Otro punto clave es que la autoridad podrá reducir o cancelar concesiones cuando exista sobreexplotación, contaminación grave o afectación al interés público. Las sanciones por uso ilegal del agua también aumentan de forma considerable.

Beneficios para México

Desde la perspectiva del gobierno, el principal beneficio es que el agua deja de ser tratada como un bien comercial y se convierte, en los hechos, en un derecho garantizado por ley. Esto podría ayudar a combatir el desabasto en comunidades marginadas, donde millones de personas todavía reciben agua de forma irregular o insalubre.

La reforma también busca frenar el acaparamiento del agua, ya que actualmente grandes empresas concentran enormes volúmenes mediante concesiones acumuladas durante años. Al impedir la compra-venta de permisos, se limita la especulación y se fortalece la planeación nacional del recurso.

En el plano ambiental, el nuevo marco permitiría una mejor protección de acuíferos, ríos y mantos freáticos, que hoy presentan niveles críticos de sobreexplotación. Con reglas más estrictas, se abre la puerta a una gestión más sostenible ante el avance del cambio climático y la sequía.

¿Cuáles son los riesgos, críticas y puntos de preocupación?

El sector agrícola ha sido uno de los más críticos. Productores de diferentes estados advierten que al no poder transmitir concesiones, sus tierras podrían perder valor, complicando herencias, ventas y financiamientos. También temen que, si el Estado reduce volúmenes de agua, se afecte la producción de alimentos y se ponga en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Otra preocupación importante es la centralización del poder en Conagua. Especialistas advierten que otorgar tanta capacidad de decisión a una sola institución puede abrir la puerta a discrecionalidad, corrupción o lentitud en la asignación de permisos.

También se ha señalado que la reforma no vino acompañada de un programa sólido de inversión en infraestructura hidráulica. Es decir, cambiar la ley no resolverá por sí solo problemas como fugas, redes obsoletas, plantas de tratamiento inservibles o la mala distribución del agua entre regiones.

Finalmente, organizaciones sociales e indígenas han criticado la falta de una consulta amplia, lo que podría derivar en impugnaciones legales en los próximos meses.

¿Qué sigue ahora?

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma pasará al Senado, donde se discutirá y votará. En caso de ser avalada, el gobierno federal deberá emitir los reglamentos correspondientes para definir cómo operarán en la práctica la reasignación de concesiones, la vigilancia del uso del agua y las nuevas responsabilidades ambientales.

Mientras tanto, se prevé que continúen las movilizaciones de productores, las discusiones técnicas y los ajustes necesarios para evitar que esta transformación histórica del sistema hídrico termine generando más conflictos que soluciones.

La reforma hídrica abre una nueva etapa en la relación de México con su recurso más vital. Por primera vez en décadas, el agua deja de concebirse únicamente como un insumo económico y se coloca en el centro del debate social, ambiental y de derechos humanos. Sin embargo, como toda transformación profunda, su éxito no dependerá solo de la ley escrita, sino de cómo se ejecute, a quién beneficie realmente y si logra equilibrar justicia social, productividad y sustentabilidad. En un país donde millones aún abren la llave sin certeza de que salga agua, esta reforma no es solo un cambio legal: es una prueba histórica para el Estado mexicano.

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