Honduras investiga hackeo y posible fraude tras elecciones
La crisis postelectoral en Honduras exige transparencia institucional para garantizar que los resultados reflejen verdaderamente la voluntad ciudadana.
Las elecciones presidenciales de Honduras, realizadas el 30 de noviembre de 2025, atraviesan un momento crítico luego de que la Fiscalía General de Honduras (FGE) anunciara una investigación formal por presunto hackeo y manipulación de resultados. La decisión llega en medio de un ambiente marcado por la desconfianza, las acusaciones entre fuerzas políticas y señalamientos de injerencia internacional.
Investigación oficial y denuncias internas
El fiscal general Johel Zelaya instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para que tomara control del sistema de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El objetivo es recolectar evidencia técnica y documental que permita esclarecer posibles delitos relacionados con el proceso electoral, como conspiración, alteración de datos y fallas en la transmisión de actas.
Uno de los puntos más alarmantes fue expuesto por el magistrado del CNE, Marlon Ochoa, quien afirmó que el sistema preliminar presentó inconsistencias en el 86.6 % de las actas, lo que significa cerca de 982 mil votos sin validación biométrica. Este hallazgo refuerza las sospechas de una manipulación significativa de los resultados.
Acusaciones de injerencia externa
El proceso electoral también ha estado cruzado por denuncias sobre la intervención de actores externos. Durante la campaña y después de la votación, varios sectores acusaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejercer una “injerencia inédita” al apoyar públicamente a uno de los candidatos, lo que —según estas voces— habría afectado la percepción pública y la legitimidad de la contienda.
Organizaciones de observación internacional y partidos opositores señalaron que dicha presión externa compromete la credibilidad del proceso electoral, agravando el clima de polarización.
¿Qué está en juego?
La investigación anunciada por la Fiscalía busca no solo esclarecer fallas técnicas o intentos de hackeo, sino garantizar la transparencia, proteger la voluntad popular y evitar un deterioro mayor de la confianza en las instituciones. El fiscal Zelaya aseguró que no permitirá “ataques a la voluntad popular ni a la estabilidad democrática”.
Mientras el escrutinio continúa y cientos de miles de votos siguen bajo revisión, organizaciones civiles, partidos y observadores piden transparencia total para recuperar la credibilidad. El resultado final podría redefinir la percepción pública sobre el sistema electoral hondureño.
La apertura de una investigación por hackeo y posible fraude profundiza la crisis postelectoral en Honduras. Las denuncias internas, los señalamientos de injerencia internacional y las irregularidades detectadas en el sistema de conteo han sumido al país en una etapa de incertidumbre.
El rumbo político de Honduras dependerá ahora de la transparencia del proceso, la solidez de las instituciones y la capacidad del Estado para garantizar que los resultados finales reflejen auténticamente la voluntad ciudadana.
