Edomex lidera sanciones por corrupción, de acuerdo con cifras del INEGI
El Estado de México encabeza el número de sanciones por corrupción y faltas administrativas, de acuerdo con el más reciente reporte del INEGI.
El Estado de México se ubicó entre las entidades con mayor número de sanciones por corrupción y faltas administrativas, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas cifras reflejan los desafíos que enfrenta la entidad en materia de transparencia, control interno y rendición de cuentas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia institucional.
De acuerdo con el reporte, el Edomex encabeza la lista nacional en procedimientos sancionatorios contra servidores públicos, tanto por faltas administrativas graves como no graves. Las irregularidades incluyen desde malos manejos presupuestales hasta violaciones a códigos internos, lo que muestra la magnitud del problema y la urgencia de reforzar la ética pública en la administración estatal.
El INEGI detalló que el Estado de México también se encuentra entre las entidades con más investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción. Estas indagatorias abarcan distintos niveles de gobierno y revelan deficiencias estructurales en procesos de supervisión, fiscalización y aplicación de sanciones, elementos fundamentales para combatir prácticas irregulares.
Expertos en gobernanza, anticorrupción y políticas públicas señalaron que si bien las altas cifras pueden interpretarse como un indicador de mayor vigilancia, también reflejan un historial de prácticas indebidas persistentes. Además, destacan que los organismos encargados del control deben fortalecer su independencia, capacidad técnica y tiempos de respuesta para garantizar sanciones efectivas.
Este reporte se suma a una tendencia nacional donde los casos de denuncias, investigaciones y sanciones por corrupción han ido en aumento. La inclusión del Edomex en los primeros lugares reafirma la necesidad de consolidar estrategias institucionales que garanticen un servicio público regido por legalidad, integridad y transparencia, pilares esenciales para recuperar la confianza ciudadana.
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