Abogados piden no politizar el descarrilamiento del Tren Interoceánico tras tragedia que dejó 14 muertos

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 personas fallecidas y decenas de heridos, abogados de las víctimas solicitaron que el caso no sea politizado, con el fin de no desviar la atención del objetivo principal: el esclarecimiento de los hechos y la justicia para los afectados.

El abogado Adrián Arellano, representante legal de tres víctimas, informó que presentó una denuncia penal por lesiones, omisiones y abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República (FGR). Aclaró que no se ha presentado ninguna denuncia contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para evitar que el caso se convierta en un debate político.

“Es un asunto con una línea muy delgada sobre el tema político. Si lo politizamos, vamos a perder las voces de las víctimas, que lo único que buscan es que se esclarezca lo ocurrido y que esto no vuelva a suceder”, afirmó el litigante.

Adrián Arellano representa a Juan Manuel, Flor y Alexis, integrantes de una familia misionera de Ciudad Juárez, quienes viajaban ese día con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Oaxaca cuando ocurrió el accidente.

El abogado destacó que el interés de sus representados es que las autoridades investiguen a fondo las causas del descarrilamiento y se determinen responsabilidades, sin desviar el caso hacia intereses políticos.

Irregularidades señaladas por la ASF desde 2019

La denuncia presentada ante la FGR también retoma observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que desde 2019 advirtió diversas irregularidades en el proyecto del Tren Interoceánico.

De acuerdo con el abogado, la ASF señaló mala supervisión, deficiencias en la construcción y una rehabilitación inadecuada, además de inconsistencias graves en los contratos relacionados con la obra.

Empresas señaladas en la denuncia

La querella fue presentada también en contra de las empresas:

• Comsa Infraestructura S.A. de C.V.
• Grupo Constructor Diamante S.A. de C.V.
• Daniferrotools S.A. de C.V.

Según los informes de la ASF, estas compañías fueron las principales contratistas, aunque se advirtió que no existía evidencia documental de los contratos ni de los servicios prestados, lo que agrava las presuntas omisiones.

“Sabemos que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación y nuestra voluntad es colaborar activamente, aportar datos y que se esclarezca cuál fue la razón de este descarrilamiento”, subrayó Arellano.

Investigación en curso y posibles delitos

El abogado explicó que el delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar, y será la FGR la que determine si dicha conducta se configura, particularmente por la falta de supervisión en los contratos y la inexistencia de evidencia sobre los trabajos realizados.

Indicó además que el delito de homicidio, en el caso de las personas fallecidas, se investiga de oficio, mientras que los delitos por lesiones requieren que las víctimas presenten formalmente su denuncia, para poder ser reconocidas dentro de la investigación.

Posturas distintas entre las víctimas

Aunque la defensa legal ha optado por no politizar el caso, Juan Manuel, una de las víctimas del accidente, sí pidió que se investigue a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a servidores públicos, y que se sigan todas las líneas de investigación posibles.

El padre de familia relató la gravedad de las lesiones sufridas por su hijo, quien tuvo que ser operado de un brazo y recibió 18 puntos en la cabeza, además de múltiples heridas.

“Mi hijo es el más afectado. Gracias a la pronta intervención médica y a la rapidez en los traslados logramos salvarle la vida. Hoy podemos contar esta historia, aunque es triste y lamentable”, expresó.

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