Nicaragua libera a decenas de presos políticos tras presión de Estados Unidos

Nicaragua anunció la liberación de decenas de presos políticos tras la presión diplomática de Estados Unidos. Aunque algunos fueron excarcelados, organizaciones alertan que aún quedan detenidos y persisten denuncias de violaciones a derechos humanos.

Gabriel Peña · Hace 21 horas
Olga María Lara y Mario Rodríguez Serrano, fueron dos de los reos liberados este sábado en Nicaragua por la dictadura Ortega-Murillo.

El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de presos políticos durante este fin de semana, en lo que autoridades oficialistas describieron como un gesto hacia la “paz y convivencia familiar”.

La medida ocurre luego de que la Embajada de Estados Unidos en Managua intensificara su pronunciamiento público sobre la situación de los reos de conciencia en el país.

Según informes oficiales, los liberados estuvieron recluidos en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional y alcanzaron su excarcelación tras la exigencia de la diplomacia estadounidense y de organismos de derechos humanos que han señalado la existencia de más de 60 personas detenidas por motivos políticos sin procesos transparentes.

Postura del Gobierno y liberación

El Ministerio del Interior de Nicaragua difundió un comunicado este sábado informando que las personas puestas en libertad hasta el momento eran reos de conciencia que habían permanecido en cárceles como La Modelo de Tipitapa, Waswalí en Matagalpa y otros centros penitenciarios nacionales.

El mensaje del Ejecutivo subrayó que la medida es un reflejo de “compromiso con la convivencia familiar y comunitaria”.

La embajada estadounidense había señalado horas antes que más de 60 personas continuaban injustamente detenidas o desaparecidas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacando la presión diplomática en momentos clave para la relación bilateral entre Washington y Managua.

Protestas internacionales

La liberación se da en un contexto de fuerte escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Organizaciones civiles y defensores han documentado detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías, y la existencia de presos que aún enfrentan cargos considerados por activistas como fabricados para silenciar voces disidentes.

En México y otros países latinoamericanos, colectivos han exigido en repetidas ocasiones la liberación de los presos políticos y han pedido intervenciones diplomáticas para garantizar libertades fundamentales, como la libertad de expresión y asociación.

¿Qué pasa con los que aún están detenidos?

Aunque las autoridades de Managua no han publicado una lista completa de nombres ni cifras precisas, los mecanismos independientes de monitoreo de presos políticos en Nicaragua mantienen que aún quedan varios decenas de personas encarceladas por razones políticas, incluidos opositores, periodistas, líderes sociales y religiosos.

Activistas coinciden en que la liberación actual, aunque significativa, no resuelve por completo la crisis de derechos humanos en el país, ni sustituye la necesidad de un proceso judicial transparente y el respeto pleno del estado de derecho.

La presión internacional, especialmente desde Estados Unidos y organismos multilaterales, continúa siendo un factor clave para lograr avances en esta materia.

Repercusiones regionales

La respuesta de la comunidad internacional ha sido variada. Por un lado, la liberación ha sido vista como un paso hacia la atención de reclamos internacionales sobre la situación de presos de conciencia. Por otro, el reclamo persistente de que aún quedan decenas de personas privadas de su libertad por motivos políticos subraya que la cuestión no está resuelta y mantiene la atención sobre el régimen de Ortega.

Estados Unidos, como principal interlocutor en este proceso, ha reafirmado su llamado a liberar a todos los presos de conciencia y ha ligado este tema a la posible mejora de relaciones y cooperación futura con el gobierno nicaragüense, aunque también mantiene sanciones económicas y políticas que apuntan a funcionarios del régimen por violaciones de derechos humanos.

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