SCJN en el ojo público: togas de lujo se suman a críticas por camionetas blindadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta críticas por gastos excesivos. Además de ceremonias y camionetas, ahora se cuestiona la compra de togas por casi 300 mil pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelve a estar en el ojo del huracán por sus gastos. Después de las polémicas compras de camionetas blindadas y los altos costos de ceremonias, ahora la atención se centra en la adquisición de togas por casi 300 mil pesos.
En julio de 2025, la Corte compró 12 togas con un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos. Seis son para sesiones extraordinarias y seis para sesiones ordinarias, beneficiando a los ministros Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías.
Las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz no recibieron nuevas togas porque ya contaban con vestimenta de la anterior administración.
El total de la compra fue de 294 mil 547 pesos, divididos en dos adjudicaciones: una por 134 mil 467 pesos y otra por 160 mil 80 pesos. Así lo dio a conocer El Universal, de acuerdo con documentos consultados. El proveedor adjudicado fue Édgar Juan Hernández García.
La reacción ciudadana y crítica política
Estas cifras se suman a los cuestionamientos que ya enfrentaba la Corte por los gastos en camionetas blindadas y ceremonias consideradas lujosas por varios legisladores y ciudadanos.
Para muchos, estas adquisiciones reflejan un uso poco transparente del presupuesto público y alejan a la institución de la austeridad que ha promovido el gobierno en otras áreas.
Diputados y analistas han señalado que, aunque la seguridad de los ministros es importante, la compra de togas y vestimenta de lujo genera una percepción de desconexión con la ciudadanía, especialmente en un contexto donde muchos mexicanos demandan eficiencia y responsabilidad en el gasto público.
Contexto de austeridad y transparencia
Desde 2024, el gobierno ha impulsado la austeridad en instituciones públicas, incluyendo medidas para reducir gastos innecesarios.
Sin embargo, los recientes movimientos de la SCJN muestran que aún persisten áreas donde el manejo de recursos sigue siendo cuestionable.
En resumen, la SCJN enfrenta una nueva polémica que no solo pone en debate sus gastos, sino también la confianza de la ciudadanía en el uso responsable de los fondos públicos.
Con la compra de togas, el tema de la austeridad y la transparencia vuelve a estar sobre la mesa, generando un llamado a la reflexión sobre cómo se manejan los recursos de instituciones clave del país.
