Vinculan a proceso a “El Botox” por asesinato de líder limonero en Michoacán
Un juez vinculó a César Alejandro “N”, alias ‘El Botox’, a proceso por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán, tras presentar la Fiscalía pruebas suficientes; se le dictó prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán logró que un juez de control dictara vinculación a proceso en contra de César Alejandro “N”, conocido como “El Botox”, por su probable participación en el homicidio calificado de Bernardo Bravo Manríquez, destacado líder de productores de limón en la región de Tierra Caliente.
El hecho ocurrió el 19 de octubre de 2025 y conmocionó al sector agrícola local y nacional, dada la relevancia del dirigente en la defensa de los citricultores.
Además de vincularlo a proceso, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y fijó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria.
La decisión se sustenta en los datos de prueba suficientes y sólidos presentados por la FGE ante el órgano jurisdiccional, a pesar de que no existieron testigos directos de los disparos.
El homicidio de Bravo y el papel de “El Botox”
Según las indagatorias, el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue consecuencia de su labor en favor de los productores locales, quienes enfrentan extorsión, violencia y prácticas criminales que dificultan la labor agrícola.
El homicidio se registró en una propiedad de la localidad de Cenobio Moreno, luego de que Bravo accediera a una reunión con el imputado.
Autoridades identifican que Bravo fue citado y posteriormente asesinado, hecho que generó gran consternación en el sector limonero debido a su papel como defensor de precios justos para la cosecha y como interlocutor con autoridades.
“El Botox”: un objetivo prioritario para las autoridades
“El Botox”, además de ser vinculado por este homicidio, es reconocido por su liderazgo del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, brazo armado asociado con estructuras criminales en Tierra Caliente que han sido señaladas por extorsiones sistemáticas, secuestros y violencia generalizada en la región.
Autoridades federales y estatales lo habían identificado desde hace tiempo como un objetivo prioritario, con múltiples órdenes de aprehensión por delitos que incluyen extorsión agravada, homicidio y tentativa de homicidio.
“El Botox” incluso permanecía interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano” en el Estado de México por otras causas, hasta que se ejecutó la orden por el asesinato de Bravo.
El operativo que permitió su captura se realizó el pasado 22 de enero de 2026 en el municipio de Buenavista, Michoacán, como parte de una acción conjunta entre la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y autoridades de seguridad pública.
Repercusiones y escenario para el campo michoacano
La vinculación a proceso de “El Botox” representa un avance relevante en la lucha contra la impunidad en crímenes que afectan al sector agrícola y productivo de Michoacán, en especial en lo que respecta a la industria citrícola, que ha sufrido extorsiones y violencia que han limitado sus actividades.
La medida cautelar de prisión preventiva busca garantizar que el imputado permanezca en prisión mientras se profundizan las investigaciones que permitirán esclarecer todos los hechos y posibles responsables involucrados en la compleja red de delitos que llevaron al asesinato de Bernardo Bravo.
El proceso legal continúa
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una fase clave donde se recabarán pruebas adicionales, se analizarán líneas de investigación complementarias y se determinará el alcance de la participación de “El Botox” y posibles cómplices en el crimen de uno de los líderes agrícolas más visibles de la entidad.
La justicia en este caso no solo es relevante para la memoria de Bernardo Bravo Manríquez, sino también para la seguridad jurídica de los productores y comunidades rurales que buscan ver garantizados sus derechos y la protección frente a la violencia organizada.
