Vinculan a proceso al alcalde de Tequila por secuestro y vínculos con CJNG
Un juez vinculó a proceso a Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, por secuestro y presuntos vínculos con el CJNG; podría enfrentar hasta 130 años de prisión.
Un juez federal vinculó a proceso al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, al encontrar indicios suficientes de su probable participación en delitos de secuestro agravado y presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según resolvió el Poder Judicial de la Federación.
Este avance judicial representa un paso clave en la investigación del Ministerio Público Federal, que acusa al presidente municipal de varios hechos delictivos graves. Con base en la acusación, Rivera Navarro podría enfrentar condenas que, sumadas, llegan hasta 130 años de prisión, de comprobarse su responsabilidad en cada uno de los delitos imputados.
Procesamiento del alcalde de Tequila
Las autoridades federales señalaron que la carpeta de investigación incluye indicios de que el alcalde utilizó su posición para facilitar o permitir la comisión de secuestros y otros ilícitos relacionados con la operación de grupos del crimen organizado, en específico el CJNG, con presencia histórica en el estado de Jalisco y su zona metropolitana.
El vínculo con un grupo delictivo de alto impacto como el CJNG —clasificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como una de las organizaciones más poderosas y violentas del país— agrava la acusación en su contra. El gobierno federal ha mantenido en los últimos años una estrategia de combate frontal a las estructuras criminales que controlan rutas de tráfico y afectan la seguridad ciudadana.
Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Estado de México, el juez consideró que los elementos recabados por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para que Rivera Navarro enfrente formalmente el proceso por los cargos que se le atribuyen.
Riesgo penal y posible condena
Con el avance del proceso, el alcalde de Tequila ahora deberá enfrentar una investigación formal con posibles consecuencias judiciales severas. Las penas por secuestro agravado pueden ser elevadas, y al cruzarse con acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, el cúmulo de años en prisión podría ascender a cerca de 130 años, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Federal.
Este tipo de pena es resultado de la posible comisión de múltiples ilícitos —cada uno con sanciones propias— y el agravante de acciones en presencia de organización criminal.
Reacciones y consecuencias políticas
La vinculación a proceso de un alcalde en funciones por delitos de esta naturaleza ha generado una fuerte respuesta pública y política. Diferentes actores, desde organizaciones civiles hasta representantes de oposición y miembros de la sociedad, han expresado que este paso judicial debe acompañarse de transparencia y rigor, para no solo castigar conductas delictivas, sino reforzar el Estado de Derecho en un contexto en el que municipios y gobiernos locales han sido históricamente vulnerables a la influencia de grupos criminales.
En redes sociales y espacios de opinión pública se han multiplicado las voces que piden esclarecer plenamente los hechos, mientras otros llaman a fortalecer mecanismos institucionales que permitan prevenir la infiltración del crimen organizado en la política local.
Más sobre el CJNG y la presencia del crimen organizado
El Cártel de Jalisco Nueva Generación ha sido identificado por autoridades federales y agencias internacionales como una de las organizaciones criminales más influyentes y violentas de México. Con operaciones que abarcan desde el tráfico de drogas hasta extorsión, secuestro y control territorial, el CJNG ha estado en la mira de la estrategia de seguridad nacional.
Relacionar a un funcionario público con una organización de este perfil implica un desafío para la credibilidad de las instituciones y obliga a reforzar los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno.
Hacia dónde va el proceso legal
Con la vinculación a proceso, el caso pasará a una etapa de investigación complementaria, en la que la Fiscalía deberá reunir pruebas adicionales, mientras que la defensa de Rivera Navarro tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos en favor de su cliente.
El desarrollo de este juicio será observado de cerca por la opinión pública y entidades especializadas en justicia penal, ya que podría sentar precedentes importantes sobre la forma en que se perciben y sancionan —en un contexto judicial— las relaciones entre autoridades municipales y grupos delictivos en México.
