La Suprema Corte de EE.UU. anula los aranceles de Donald Trump: un duro revés al poder ejecutivo
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales de Donald Trump por exceder su autoridad bajo la IEEPA, subrayando que solo el Congreso puede imponer tributos. Conoce el fallo, sus efectos económicos y sus implicaciones políticas.
En un fallo histórico emitido el 20 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró ilegales y fuera de la autoridad presidencial la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), desencadenando una ola de repercusiones legales, económicas y políticas en Estados Unidos y en el comercio global.
¿Qué decidió exactamente la Corte?
En una decisión de 6-3, el tribunal concluyó que los aranceles generales y “recíprocos” que Trump impuso desde 2025 exceden la autoridad que el Congreso le delegó al Ejecutivo. La Corte sostuvo que la Constitución asigna exclusivamente al Poder Legislativo el poder de imponer impuestos y gravámenes aduaneros, y que la ley de 1977 (IEEPA) no está redactada de forma que autorice explícitamente al presidente a fijar aranceles amplios e indefinidos sin un mandato legal claro.
El presidente del tribunal, John Roberts, afirmó que la IEEPA fue diseñada para poderes limitados de emergencia —como sanciones o bloqueos financieros— y no para imponer tarifas que afectan el comercio mundial y las finanzas públicas sin límites detallados por el Congreso.
El trasfondo legal del caso
Trump basó los aranceles en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 pensada para otorgar facultades al Ejecutivo ante amenazas extraordinarias. Sin embargo, esa legislación no menciona explícitamente “tarifas” ni derechos aduaneros, lo que fue clave para que la Corte considerara que no existe un mandato claro y directo del Congreso para otorgar ese tipo de poder fiscal al presidente.
Los desafíos legales comenzaron en tribunales inferiores, incluyendo la Corte de Comercio Internacional y el Tribunal Federal de Apelaciones, que ya habían señalado que el uso de IEEPA para fijar tarifas era contrario a la separación de poderes constitucionales.
Consecuencias económicas y comerciales
Recaudación en riesgo
Economistas calculan que los ingresos por aranceles impuestos bajo IEEPA podrían superar 175 000 millones de dólares, y esta decisión abre la puerta a reembolsos masivos para importadores que pagaron esas tarifas.
Mercados y comercio
Tras el fallo, Wall Street reaccionó con optimismo, reflejando subidas en los principales índices debido a la perspectiva de menores costos para empresas importadoras y una reducción de barreras comerciales que habían generado incertidumbre en mercados globales.
Costos para consumidores
Algunos aranceles, como los sobre autos extranjeros y partes automotrices, habían aumentado los precios de productos importados en Estados Unidos. Su anulación podría frenar o revertir esa tendencia de incremento en costos para consumidores.
Implicaciones políticas y de poder
Este fallo representa uno de los mayores reveses judiciales a la agenda económica de Trump durante su segundo mandato, a pesar de que la mayoría de jueces de la Corte Suprema han respaldado en gran medida otras políticas ejecutivas.
La decisión también reafirma un principio constitucional fundamental: el poder de gravar y fijar aranceles recae en el Congreso, y no puede ser cedido tácitamente al Ejecutivo sin una ley clara que lo autorice.
Trump ha señalado anteriormente que sería “prácticamente imposible” devolver todos los fondos ya recaudados a través de estos aranceles, estimando costos de reembolso en cientos de miles de millones de dólares.
¿Qué sigue para la política comercial de EE.UU.?
Aunque esta decisión limita de forma contundente el uso de IEEPA para imponer aranceles, no elimina otras herramientas legales que la administración podría usar para aplicar medidas comerciales, como la autoridad bajo la Trade Act of 1974, que permite aranceles temporales bajo ciertos criterios.
No obstante, queda claro que cualquier intento futuro de establecer políticas arancelarias de amplio alcance requiere una autorización explícita del Congreso, subrayando el papel clave del Legislativo en la conformación del comercio exterior estadounidense.
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