Inhabilitan a exfuncionarios de Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares
La Secretaría Anticorrupción Inhabilitan a exfuncionarios de la extinta Policía Federal por el presunto desvío de más de 65 millones de dólares destinados a contratos de seguridad e inteligencia.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la inhabilitación de dos exfuncionarios de la desaparecida Policía Federal por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 65 millones de dólares relacionados con un contrato internacional de seguridad firmado durante el sexenio pasado.
Las sanciones fueron determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones penales por posibles delitos vinculados al manejo irregular de recursos públicos.
El caso se perfila como uno de los expedientes de corrupción administrativa más relevantes ligados a la antigua estructura federal de seguridad.
¿Quiénes son los exfuncionarios sancionados?
Los sancionados fueron identificados como:
- Frida M., exsecretaria general de la corporación,
- y Damián C., ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal.
De acuerdo con las autoridades:
- Frida M. recibió una inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos.
- Damián C. fue inhabilitado por 15 años.
Ambos también deberán enfrentar sanciones económicas derivadas del daño ocasionado al erario.
Las multas e indemnizaciones impuestas superan los 65 millones de dólares.
¿Cómo ocurrió el presunto desvío?
Según la investigación oficial, los recursos estaban destinados al cumplimiento de un contrato firmado en diciembre de 2015 entre la entonces Policía Federal y la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD.
El convenio contemplaba:
- servicios especializados de seguridad,
- inteligencia,
- tecnología,
- y sistemas estratégicos.
Sin embargo, las investigaciones administrativas concluyeron que parte de los recursos fueron desviados mediante operaciones irregulares dentro de la corporación.
La Unidad de Combate a la Impunidad documentó presuntas anomalías:
- financieras,
- administrativas,
- y de control interno,
que derivaron en el procedimiento sancionador.
FGR mantiene abierta investigación penal
Además de las sanciones administrativas, la Fiscalía General de la República continúa integrando carpetas de investigación relacionadas con el caso.
Hasta el momento:
- no se han confirmado órdenes de aprehensión,
- ni nuevas imputaciones penales públicas,
pero las autoridades no descartan que el expediente avance hacia procesos judiciales más amplios.
Especialistas consideran que el caso podría derivar en responsabilidades adicionales si se acreditan delitos como:
- peculado,
- uso ilícito de atribuciones,
- delincuencia organizada,
- o lavado de dinero.
La caída de antiguos mandos de la Policía Federal
El procedimiento ocurre en medio de una revisión nacional sobre contratos, adquisiciones y operaciones realizadas durante los últimos años de funcionamiento de la Policía Federal, corporación que desapareció oficialmente en 2019 tras la creación de la Guardia Nacional.
En años recientes, investigaciones federales han puesto bajo la lupa:
- contratos tecnológicos,
- sistemas de inteligencia,
- adquisiciones de seguridad,
- y manejo de recursos públicos ligados a corporaciones federales.
Expertos en transparencia han advertido que los contratos de inteligencia suelen manejar:
- montos multimillonarios,
- operaciones internacionales,
- y mecanismos financieros complejos,
lo que dificulta la fiscalización inmediata.
Secretaría Anticorrupción lanza mensaje de “cero impunidad”
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que las sanciones forman parte de una estrategia de combate frontal a la corrupción dentro del servicio público.
“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, señaló la dependencia.
La institución también llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Contratos de seguridad bajo revisión
Analistas consideran que este caso podría abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con:
- contrataciones internacionales,
- adquisiciones tecnológicas,
- y operaciones de inteligencia realizadas durante administraciones anteriores.
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos en áreas estratégicas de seguridad nacional.
Aunque las sanciones administrativas ya fueron determinadas, el expediente aún podría escalar judicialmente conforme avancen las investigaciones ministeriales.
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