Tribunal ordena liberar a exagente Jorge Antonio Sánchez Ortega del Cisen por el caso Colosio
Un Tribunal Colegiado ordenó la libertad del exagente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega al concluir que no existen pruebas suficientes para vincularlo con el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Un Tribunal Colegiado ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para demostrar su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
La resolución representa un nuevo revés para la estrategia jurídica impulsada por la FGR, que en 2025 reactivó una de las líneas de investigación más controvertidas del magnicidio: la teoría de la participación de un supuesto «segundo tirador».
Tribunal concluye que no existe evidencia para sostener la acusación
De acuerdo con la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, los elementos aportados por el Ministerio Público fueron insuficientes para acreditar que Sánchez Ortega actuó en coordinación con Mario Aburto Martínez, quien fue condenado por el homicidio de Colosio.
Los magistrados señalaron que la investigación no logró demostrar una actuación concertada entre ambos, por lo que consideraron que no existían bases legales para mantener el proceso penal en contra del exagente de inteligencia.
Además, el Tribunal determinó que el delito atribuido a Sánchez Ortega ya había prescrito, lo que implica que la acción penal quedó legalmente extinguida desde noviembre de 2014, más de diez años antes de que la FGR decidiera reabrir el caso y solicitar su reaprehensión.
La recaptura ocurrió en 2025
Jorge Antonio Sánchez Ortega fue detenido nuevamente en noviembre de 2025 en Baja California, luego de que la FGR retomara las investigaciones relacionadas con el asesinato de Colosio.
Tras su captura, un juez federal le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado y ordenó su traslado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció mientras su defensa impugnaba la resolución.
Con el fallo del Tribunal Colegiado, se ordenó su libertad al considerar que la acusación carecía de sustento jurídico suficiente.
Un nuevo revés para la Fiscalía General de la República
La decisión judicial vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de uno de los expedientes más emblemáticos y polémicos de la historia contemporánea de México.
Durante la administración del fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR sostuvo que existían nuevos elementos para investigar la posible participación de un segundo agresor en el atentado contra Colosio, una hipótesis que durante décadas ha sido objeto de debate público y judicial.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que las pruebas presentadas no alcanzaban el estándar legal necesario para sostener la imputación contra el exagente del Cisen.
¿Qué sigue en el caso Colosio?
Aunque la resolución ordena la libertad de Sánchez Ortega, la FGR todavía podría intentar otros recursos legales. Entre las posibilidades se encuentra un eventual juicio de amparo promovido por familiares de la víctima, aunque ese escenario enfrenta un contexto distinto al de años anteriores.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial, ha manifestado públicamente en diversas ocasiones que considera necesario cerrar este capítulo judicial y ha llamado a revisar integralmente el expediente.
Incluso ha expresado que debe analizarse la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, quien continúa privado de la libertad en un centro penitenciario federal.
Un caso que sigue marcando la historia política de México
A más de 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el expediente continúa generando resoluciones judiciales, debates políticos y cuestionamientos sobre la investigación realizada desde 1994.
La decisión del Tribunal no modifica la sentencia condenatoria contra Mario Aburto, pero sí representa un nuevo episodio en la revisión de uno de los casos más relevantes de la historia reciente del país, al dejar sin efecto el proceso penal iniciado contra el exagente del Cisen por falta de pruebas y por la prescripción del delito.
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