El fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante un curso de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, abrió una discusión nacional que va más allá de la investigación penal.

Miles de padres comenzaron a hacerse una pregunta:

¿Qué necesita una escuela militarizada para poder funcionar legalmente en México?

Aunque muchas personas creen que estos planteles dependen del Ejército, la realidad es distinta y está regulada principalmente por la legislación educativa.

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El primer requisito: autorización educativa

Una escuela privada que ofrece educación básica, media superior o superior debe cumplir con la normatividad establecida por la autoridad educativa.

Dependiendo del nivel que imparta, necesita contar con la autorización correspondiente o con un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), documento mediante el cual la autoridad educativa reconoce oficialmente los planes y programas de estudio de un particular. 

Sin ese reconocimiento, una institución no puede presentar sus estudios como oficiales y está obligada a informar expresamente esa condición en su publicidad y documentación. 

¿El RVOE significa que la escuela está certificada en todo?

No.

Uno de los errores más comunes es pensar que el RVOE certifica toda la operación de un colegio.

En realidad, el reconocimiento valida aspectos académicos, como los planes de estudio, el personal docente y las condiciones requeridas para impartir un programa educativo específico. No representa una aprobación general de todas las actividades que realice la institución. 

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¿Quién supervisa estas escuelas?

La supervisión puede recaer en distintas autoridades, dependiendo del tema.

Entre ellas destacan:

• Secretaría de Educación Pública (SEP) o autoridades educativas estatales, en materia académica.
• Protección Civil, para verificar condiciones de seguridad y planes de emergencia.
• Autoridades municipales y estatales, cuando corresponda por licencias o verificaciones.
• Fiscalías, si existe la presunta comisión de un delito.

Es decir, no existe una sola dependencia responsable de revisar todos los aspectos de funcionamiento de una escuela privada.

¿Qué pasa con los campamentos?

Este es uno de los puntos que más debate ha generado tras el caso Dafne.

La Ley General de Educación establece que todos los planteles educativos, públicos y privados, deben cumplir con las normas de Protección Civil y seguridad emitidas por las autoridades competentes. 

Cuando una escuela organiza actividades fuera de sus instalaciones, como campamentos, excursiones o cursos de verano, también pueden intervenir otras disposiciones estatales o municipales relacionadas con la protección de menores, la seguridad y la gestión de riesgos.

Por ello, especialistas consideran que cada caso debe analizarse conforme a las circunstancias específicas y a la normativa local aplicable.

¿La Sedena autoriza estas escuelas?

Aquí existe una particularidad histórica.

Desde 1943 existe un Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, que contempló la autorización del uso de esa denominación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre que previamente existiera autorización educativa y se cumplieran diversos requisitos. 

Sin embargo, en la práctica actual, las autoridades federales han reiterado que planteles privados como la Academia Militarizada Marina Doenitz no forman parte del Sistema Educativo Militar ni dependen de la Sedena, por lo que su operación cotidiana corresponde al ámbito educativo civil. La aplicación de ese reglamento histórico y su relación con el marco jurídico vigente es precisamente uno de los temas que ha vuelto al debate público tras el caso Dafne. 

¿Quién responde si ocurre un accidente?

Cuando un alumno resulta lesionado o pierde la vida durante actividades organizadas por una institución educativa, pueden intervenir distintas responsabilidades, dependiendo de lo que determinen las investigaciones.

Entre ellas pueden existir:

• responsabilidad penal, si se acredita la comisión de un delito;
• responsabilidad civil por posibles daños;
• procedimientos administrativos por incumplimientos a la normativa educativa o de seguridad.

Cada una corresponde a autoridades diferentes y requiere investigaciones independientes.

En el caso Dafne, será la Fiscalía la que determine si existen responsabilidades penales.

¿Cambiarán las reglas?

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum abrieron la posibilidad de revisar cómo operan las escuelas militarizadas privadas y qué mecanismos de supervisión existen para proteger a los menores.

Aunque hasta ahora no se ha anunciado una reforma específica, el caso ha colocado sobre la mesa temas como:

• fortalecer la supervisión de campamentos;
• revisar protocolos de seguridad;
• actualizar la regulación de las academias militarizadas;
• mejorar los mecanismos de inspección.

Dependiendo de los resultados de las investigaciones, el Congreso y las autoridades educativas podrían impulsar cambios normativos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el RVOE?

Es el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios mediante el cual la autoridad educativa reconoce un plan y programa de estudios impartido por una institución particular. 

¿Una escuela militarizada pertenece al Ejército?

No necesariamente. Las escuelas militarizadas privadas no forman parte del Sistema Educativo Militar únicamente por utilizar disciplina o uniformes de inspiración militar. 

¿Quién supervisa la seguridad de los alumnos?

Además de las autoridades educativas, los planteles deben cumplir con las disposiciones de Protección Civil y otras normas aplicables en materia de seguridad. 

¿Puede una escuela organizar campamentos?

Sí, pero debe cumplir con la normativa que resulte aplicable según la actividad, el lugar donde se realice y las obligaciones en materia de seguridad y protección de los menores.