Tierras, consultas y recursos directos: esto piden las comunidades para la nueva Ley Indígena
Comunidades indígenas y afromexicanas plantean cambios sobre territorio, consulta y recursos públicos para la nueva Ley Indígena. Conoce las propuestas.
Tierra y territorio, reconocimiento de la propiedad comunal tradicional, derecho a la consulta y administración directa de recursos públicos son algunas de las principales demandas planteadas por comunidades indígenas y afromexicanas durante la consulta para construir la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El proceso busca recoger propuestas directamente de las comunidades antes de integrar el proyecto que posteriormente deberá avanzar al Congreso de la Unión.
Un corte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) correspondiente al 24 de septiembre de 2026 reportó que se habían realizado 63 de las 82 Asambleas Regionales programadas, con participación de 10 mil 280 comunidades pertenecientes a 60 pueblos indígenas y afromexicanos.
Pero más allá del número de participantes, las asambleas permiten conocer qué cambios están solicitando las comunidades para la futura legislación.
Entre los temas planteados aparecen la protección de tierras y territorios, la propiedad comunal, el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, el derecho a ser consultados y mecanismos para recibir y ejercer directamente recursos públicos.
Estas propuestas todavía no forman parte de una ley aprobada. Son planteamientos surgidos durante un proceso de consulta que deberán ser analizados y eventualmente incorporados al proyecto que avance al Poder Legislativo.
¿Qué están pidiendo las comunidades para la nueva Ley Indígena?
El proceso de consulta ha generado propuestas sobre distintos derechos y mecanismos para ejercerlos.
De acuerdo con el balance del INPI, entre los principales asuntos planteados por pueblos y comunidades se encuentran:
- Tierra y territorio.
- Reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
- Protección del patrimonio cultural.
- Protección de la propiedad intelectual colectiva.
- Garantías para ejercer el derecho a la consulta.
- Asignación y ejercicio directo de recursos públicos.
- Mayor capacidad para tomar decisiones mediante sus propias asambleas.
- Reconocimiento y ejercicio de sus sistemas y formas de organización.
El INPI ha explicado que uno de los ejes del proceso es trasladar a la legislación el reconocimiento constitucional de pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, lo que implica capacidad para ejercer derechos por sí mismos, tomar decisiones en sus asambleas, elegir autoridades y administrar directamente determinados recursos públicos.
Tierra y territorio, entre los principales temas
Uno de los asuntos planteados durante las asambleas es el reconocimiento y protección de tierras y territorios.
Las comunidades también han planteado específicamente el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
El tema resulta relevante porque la futura legislación busca desarrollar los derechos constitucionalmente reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Sin embargo, el alcance concreto de cualquier disposición sobre propiedad, territorio o recursos dependerá del texto que finalmente sea integrado a la iniciativa y de su posterior discusión legislativa.
Por ello, las demandas surgidas en las asambleas no deben confundirse todavía con nuevas reglas jurídicas en vigor.
Comunidades piden garantizar el derecho a la consulta
Otro de los principales planteamientos es establecer un marco normativo que garantice el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a ser consultados.
Las autoridades comunitarias han planteado la necesidad de contar con mecanismos que permitan su participación efectiva en las decisiones que les conciernen.
Este punto podría convertirse en uno de los aspectos centrales de la futura legislación.
La discusión sobre la consulta no se limita a establecer que las comunidades sean escuchadas, sino que plantea la necesidad de definir procedimientos para que esa participación pueda realizarse de manera efectiva dentro del marco jurídico.
La propuesta legislativa que se discute busca precisamente desarrollar mecanismos para el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente. El INPI ha señalado que la nueva legislación deberá trasladar ese reconocimiento a instrumentos concretos.
¿Las comunidades podrían recibir recursos públicos directamente?
Éste es uno de los puntos con mayor impacto potencial.
Durante la consulta, autoridades y representantes comunitarios han expresado interés en fortalecer la capacidad de las comunidades para recibir y administrar recursos públicos de manera directa.
El planteamiento contempla que puedan utilizar esos recursos para realizar:
obras, acciones y prestación de servicios públicos destinados al bienestar comunitario, dentro de las disposiciones legales aplicables.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, explicó ante un foro realizado en la Cámara de Diputados que el reconocimiento de pueblos y comunidades como sujetos de derecho público incluye capacidad para realizar obras y acciones, proporcionar servicios públicos y recibir y administrar directamente recursos.
Esto no significa que desde ahora todas las comunidades puedan recibir cualquier presupuesto federal de manera automática.
La forma en que se ejercerían esos derechos dependerá del marco constitucional, de la futura legislación y de las disposiciones presupuestarias y administrativas aplicables.
¿Qué significa ser “sujetos de derecho público”?
Este concepto es una de las claves para entender la futura ley.
El INPI sostiene que el reconocimiento constitucional de pueblos y comunidades como sujetos de derecho públicoimplica reconocer su personalidad jurídica y su capacidad para ejercer derechos directamente.
En términos prácticos, el Instituto ha relacionado ese reconocimiento con facultades como:
- Tomar decisiones en sus asambleas.
- Elegir y nombrar a sus autoridades.
- Ejercer sus derechos por sí mismos.
- Realizar determinadas obras y acciones.
- Proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario.
- Recibir y administrar recursos públicos directamente.
La nueva Ley General busca desarrollar jurídicamente este reconocimiento.
Patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva
Otro de los temas planteados durante la consulta es la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos.
A ello se suma la propiedad intelectual colectiva.
Este último concepto busca abordar la protección de conocimientos, expresiones y bienes culturales pertenecientes colectivamente a pueblos y comunidades, en lugar de tratarlos únicamente desde la lógica de derechos individuales.
El alcance concreto de estas protecciones deberá conocerse una vez que se integre el proyecto definitivo que avance al proceso legislativo.
Más de 10 mil comunidades habían participado hasta el 24 de septiembre
El corte del INPI correspondiente al 24 de septiembre permite dimensionar el proceso.
Hasta ese momento habían participado:
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Asambleas Regionales realizadas | 63 de 82 |
| Avance | 76.8% |
| Comunidades participantes | 10,280 |
| Pueblos indígenas y afromexicanos | 60 |
| Autoridades y representantes | 17,426 |
| Participantes totales | 42,276 |
| Entidades con participación | 27 |
| Mesas de trabajo realizadas | 11 |
Las 10 mil 280 comunidades representaban entonces 61.4% del total nacional tomado como referencia mediante el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Estas cifras corresponden al corte del 24 de septiembre, no al estado actual de la consulta.
El proceso continuó avanzando posteriormente, por lo que para conocer el número más reciente de asambleas y comunidades debe consultarse el balance actualizado.
¿Para qué sirven las Mesas de Trabajo?
Además de las Asambleas Regionales, el proceso contempla Mesas de Trabajo.
Al corte del 24 de septiembre se habían realizado 11.
Estos espacios buscan recoger propuestas, opiniones y planteamientos relacionados con el contenido de la futura iniciativa.
La consulta, por tanto, no consiste únicamente en preguntar si las comunidades respaldan o rechazan de manera general una propuesta.
El objetivo declarado del proceso es recoger planteamientos que puedan modificar o fortalecer su contenido antes de que avance al Congreso.
Habrá comisiones para dar seguimiento a las propuestas
Un elemento importante del proceso es que las comunidades también tendrán mecanismos para seguir lo que ocurra con sus planteamientos.
El esquema presentado por el INPI contempla la integración de comisiones de seguimiento conformadas por autoridades comunitarias.
Estas comisiones acompañarán la sistematización de las propuestas surgidas de las Asambleas Regionales y darán seguimiento a su eventual incorporación al proyecto.
Esto introduce una etapa adicional entre la celebración de las asambleas y la integración de la iniciativa.
No todas las propuestas formuladas durante una reunión deben considerarse automáticamente incorporadas al proyecto.
Primero deberán ser sistematizadas y analizadas.
¿Qué pasará con las propuestas de las comunidades?
Una vez concluidas las consultas, las propuestas deberán pasar por un proceso de sistematización y revisión.
El INPI ha explicado que la intención es revisar los planteamientos obtenidos durante el proceso e incorporarlos, cuando corresponda, a la iniciativa que se está elaborando.
Posteriormente deberá avanzar el procedimiento legislativo.
Eso significa que existen varias etapas:
Consulta → sistematización de propuestas → integración de la iniciativa → presentación al Congreso → análisis legislativo → dictaminación → votación.
Por ello, la consulta actual es una fase previa y no equivale a la aprobación de la ley.
¿La nueva Ley Indígena ya está vigente?
No.
Actualmente se desarrolla el proceso para construir una Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las propuestas recabadas deberán ser revisadas antes de integrar el proyecto que avance al Congreso.
Una vez presentado, corresponderá al Poder Legislativo realizar su análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, votación.
Hasta que se complete el procedimiento legislativo correspondiente y exista una publicación oficial, no debe hablarse de una nueva ley vigente.
¿Qué papel tendrá el Congreso?
El Congreso de la Unión será responsable de la etapa legislativa posterior.
Una vez que la iniciativa sea presentada formalmente, diputadas, diputados, senadoras y senadores deberán analizar y discutir su contenido.
El procedimiento puede incluir modificaciones al proyecto.
Por esa razón, incluso el texto que eventualmente llegue al Congreso no necesariamente será idéntico al texto que finalmente pudiera aprobarse.
La participación comunitaria actual ocurre antes de esa fase legislativa.
Las comunidades también plantean capacidad para tomar decisiones propias
La discusión no se limita a presupuesto y territorio.
Durante el proceso se ha explicado que el reconocimiento como sujetos de derecho público implica fortalecer la capacidad de pueblos y comunidades para ejercer directamente sus derechos y tomar decisiones mediante sus propias asambleas.
También incluye el reconocimiento de sus mecanismos para elegir y nombrar autoridades conforme a sus sistemas y formas de organización.
El INPI ha señalado que ese reconocimiento deriva del cambio constitucional y que el reto de la futura legislación consiste en desarrollar las reglas necesarias para hacerlo operativo.
La consulta seguía avanzando después del corte
Las cifras de esta nota corresponden específicamente al balance del 24 de septiembre de 2026.
Ese día se reportaban 63 asambleas y se anunciaba la realización de otras 14 durante el fin de semana siguiente.
Por ello, el porcentaje de 76.8% sirve para documentar el estado que tenía el proceso en ese momento, pero no debe utilizarse como el avance actual de la consulta.
Lo relevante de este corte para la discusión de la nueva ley son los planteamientos concretos que ya habían surgido de las comunidades.
¿Qué podría cambiar con la nueva Ley Indígena?
Todavía es demasiado pronto para afirmar qué disposiciones quedarán definitivamente en la legislación.
Sin embargo, las propuestas surgidas de las consultas permiten identificar los asuntos que están formando parte de la discusión:
| Tema | Qué se está planteando |
|---|---|
| Tierra y territorio | Fortalecer reconocimiento y protección |
| Propiedad comunal | Reconocer formas tradicionales de propiedad |
| Consulta | Garantizar mecanismos efectivos de participación |
| Recursos públicos | Fortalecer capacidad de recibirlos y administrarlos directamente |
| Patrimonio cultural | Reforzar su protección |
| Propiedad intelectual | Proteger derechos colectivos |
| Organización | Fortalecer decisiones mediante asambleas |
| Autoridades | Reconocer mecanismos propios de elección |
Estos puntos son materias discutidas o propuestas durante el proceso, no disposiciones legales definitivas.
La distinción será fundamental conforme avance la iniciativa.
Lo más importante
- Las comunidades indígenas y afromexicanas están participando en la construcción de una nueva Ley General de Derechos.
- Entre las propuestas aparecen tierra, territorio, propiedad comunal, patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva.
- También se plantea fortalecer el derecho a la consulta.
- Otro tema central es la posibilidad de recibir y administrar directamente recursos públicos, dentro del marco jurídico correspondiente.
- Al corte del 24 de septiembre habían participado 10,280 comunidades.
- También participaron 17,426 autoridades y representantes comunitarios y 42,276 personas en total.
- Hasta ese corte se habían realizado 63 de 82 Asambleas Regionales.
- Las propuestas serán sometidas a sistematización y seguimiento.
- Está prevista la participación de comisiones de seguimiento integradas por autoridades comunitarias.
- Los planteamientos todavía no son disposiciones legales aprobadas.
- La iniciativa deberá posteriormente avanzar al Congreso de la Unión.
Preguntas frecuentes
¿Qué piden las comunidades para la nueva Ley Indígena?
Entre los temas planteados están tierra y territorio, propiedad comunal tradicional, patrimonio cultural, propiedad intelectual colectiva, derecho a la consulta y administración directa de recursos públicos.
¿Las comunidades indígenas podrán recibir directamente dinero público?
Éste es uno de los derechos y mecanismos que se discuten. El INPI ha relacionado el reconocimiento como sujetos de derecho público con la capacidad para recibir y administrar directamente recursos, pero su implementación concreta dependerá del marco jurídico aplicable y del contenido definitivo de la legislación.
¿Cuántas comunidades participaron?
Al corte del 24 de septiembre, el INPI reportaba 10 mil 280 comunidades, pertenecientes a 60 pueblos indígenas y afromexicanos.
¿Qué significa que los pueblos sean sujetos de derecho público?
De acuerdo con el INPI, supone reconocer personalidad y capacidad jurídica para ejercer derechos directamente, tomar decisiones mediante sus asambleas, elegir autoridades y participar en la administración de recursos y acciones comunitarias.
¿Las propuestas ya forman parte de la ley?
No. Son planteamientos realizados durante la consulta. Deben ser sistematizados, analizados y eventualmente incorporados al proyecto.
¿La Ley Indígena ya fue aprobada?
No. El proceso de consulta forma parte de la construcción de una iniciativa que posteriormente deberá avanzar al Congreso y seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
¿Qué ocurrirá después de la consulta?
Las propuestas deberán sistematizarse y analizarse. Posteriormente se integrará el proyecto que avance al Congreso, donde deberá pasar por análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, votación.
