Exhiben red de los hermanos Hernández Casillas: contratos electorales por más de 2 mil 740 mdp
La Secretaría Anticorrupción reveló una estructura de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas que obtuvo contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos. La UIF bloqueó a 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una investigación sobre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyas compañías obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 con organismos electorales estatales.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso las relaciones entre distintas empresas proveedoras de material electoral y explicó las posibles irregularidades detectadas en los procedimientos de contratación.
La presentación ocurre en medio de las investigaciones sobre adquisiciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como de los cuestionamientos por presuntos conflictos de interés durante la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?
José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas son empresarios relacionados con compañías dedicadas al suministro de materiales y servicios electorales.
De acuerdo con la investigación presentada por Buenrostro, ambos aparecen vinculados con una estructura empresarial en la que se identificaron coincidencias de socios, representantes legales, apoderados y relaciones familiares.
Entre las compañías señaladas se encuentran:
- Cajas Graf
- Formas Finas y Materiales
- Seriplast de México
- Corporativo ZEG
- Comercializadora JVLY
- Formas Finas Fernando Fernández
La Secretaría Anticorrupción expuso que estas relaciones deben analizarse en conjunto para determinar si existieron acuerdos indebidos entre proveedores que, formalmente, participaban como competidores.
La aparición de una persona o empresa en el esquema presentado no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
¿Cómo habría operado la red de empresas?
Uno de los principales hallazgos señalados por las autoridades es la posible simulación de competencia en licitaciones públicas.
Según lo expuesto previamente por el Órgano Interno de Control del INE, empresas con vínculos entre sí participaban en un mismo procedimiento de contratación como si fueran proveedores independientes.
El mecanismo investigado incluía la presentación de ofertas con precios elevados por parte de algunas compañías relacionadas, lo que podía alterar los parámetros utilizados para evaluar las propuestas económicas.
Posteriormente, una de las empresas podía ser descalificada por incumplimientos técnicos o por el precio presentado, mientras otra compañía del mismo grupo permanecía en la licitación y obtenía el contrato.
Las autoridades también han identificado posibles casos de subcontratación entre empresas participantes, así como dudas sobre la capacidad operativa de algunos proveedores para cumplir directamente con los servicios contratados.
Estas prácticas son objeto de investigación y deberán ser acreditadas en los procedimientos correspondientes.
Contratos por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025
La investigación presentada este jueves por Raquel Buenrostro identificó contrataciones en dos periodos.
Entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con la estructura señalada obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos, adjudicados por 23 de los 32 organismos públicos locales electorales.
Para 2024 y 2025, se identificaron otros 646.3 millones de pesos en contrataciones con 15 organismos electorales estatales.
En conjunto, los montos reportados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos.
La funcionaria explicó que la revisión utilizó información de la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial.
Las cifras podrían modificarse conforme avancen las auditorías y se incorporen nuevos expedientes.
Es importante señalar que estos montos corresponden a contratos identificados, no a una cantidad de recursos cuyo desvío haya sido demostrado judicialmente.
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UIF bloquea a 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales
La investigación también alcanzó el ámbito financiero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales, después de identificar operaciones que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
La medida fue dada a conocer el 4 de noviembre y se relaciona con las investigaciones sobre contrataciones en el sector electoral.
La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen hechos constitutivos de delito y, en su caso, establezca las responsabilidades correspondientes.
La dependencia precisó que el bloqueo es una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre la culpabilidad de las personas o empresas involucradas.
Los afectados conservan sus derechos de defensa y audiencia conforme a la legislación aplicable.
¿Qué relación tiene el caso con Guadalupe Taddei?
El caso adquirió relevancia nacional tras las investigaciones periodísticas sobre los vínculos entre proveedores electorales y la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo en octubre de 2026.
Diversos reportes han señalado una presunta relación personal entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, así como cuestionamientos sobre nombramientos de funcionarios que anteriormente tuvieron vínculos profesionales con empresas proveedoras.
Sin embargo, las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y responsabilidades de servidores públicos siguen sujetas a los procedimientos legales correspondientes.
La existencia de vínculos personales o profesionales no demuestra por sí sola que se hayan cometido delitos o que una contratación específica haya sido irregular.
Órgano Interno de Control del INE ya había detectado posibles irregularidades
Antes de la presentación de Buenrostro, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados sobre una investigación relacionada con cinco empresas que habrían simulado competencia en contrataciones electorales.
En su comparecencia del 30 de octubre, el funcionario señaló que esas compañías acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 con organismos electorales locales.
También informó sobre procedimientos de responsabilidad administrativa contra cinco personas, cuyas identidades se reservaron para proteger el debido proceso.
La cifra expuesta por el OIC es distinta de los 2 mil 740.3 millones de pesos presentados este jueves por la Secretaría Anticorrupción, debido a que corresponden a revisiones con periodos y alcances diferentes.
Por ello, los montos no deben sumarse automáticamente.
ASF ampliará revisión de contratos electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha anunciado una revisión histórica de las contrataciones realizadas por el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), el INE y los organismos electorales estatales.
El objetivo es identificar posibles patrones de concentración de proveedores, irregularidades en adjudicaciones y relaciones entre empresas y funcionarios.
La revisión contempla adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, por lo que podría abarcar distintas administraciones del organismo electoral.
Las autoridades deberán determinar qué contratos cumplieron con la legislación, cuáles presentan irregularidades y si existen elementos suficientes para iniciar nuevas acciones administrativas o penales.
Investigación sobre proveedores del INE continúa abierta
La presentación de Raquel Buenrostro agrega información sobre el alcance de las contrataciones y las relaciones empresariales que investigan las autoridades.
El caso involucra contratos públicos, posibles prácticas anticompetitivas, operaciones financieras bajo revisión y eventuales responsabilidades de servidores públicos.
Aunque el Gobierno federal y los órganos fiscalizadores han difundido hallazgos relevantes, las presuntas irregularidades aún deben acreditarse mediante los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
La investigación continuará con la revisión de expedientes, operaciones financieras y contratos adjudicados durante distintas administraciones electorales.
