Repartidores protestan contra el impuesto del 2% en Ciudad de México
Repartidores exigen eliminar el impuesto del 2% a aplicaciones de entrega, temiendo que afecte sus ingresos y la demanda de servicios.
Decenas de repartidores de plataformas como Uber Eats, DiDi Food y Rappi se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia en Ciudad de México, buscando la eliminación del impuesto del 2% aplicado a estas empresas por el uso de calles y avenidas. Aunque el gravamen no afecta directamente a los trabajadores, temen que las compañías trasladen el costo a los consumidores, reduciendo la demanda y afectando sus ingresos.
El impuesto, aprobado en 2021 tras el impacto económico de la pandemia, obliga a las aplicaciones de entrega a pagar a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) por utilizar la infraestructura de la ciudad. Según el Gobierno local, el tributo busca que los nuevos modelos de negocio digital contribuyan al desarrollo de la entidad. Sin embargo, los repartidores consideran que esta medida es inconstitucional y discriminatoria, afectando a pequeños negocios y usuarios.
Reacciones y Protesta
Los manifestantes, liderados por trabajadores como Gómez, expresaron su preocupación por el impacto del impuesto en sus ingresos. Gómez, quien trabaja como repartidor desde 2016, asegura que ya paga impuestos elevados y teme que el nuevo gravamen reduzca aún más sus ganancias. «De poquito en poquito yo voy a ganar menos», lamenta.
La protesta coincide con la discusión en la Suprema Corte, donde el ministro Alberto Pérez Dayán presentará un proyecto para amparar a una de las empresas afectadas. Aunque los representantes del ministro no hicieron promesas, los repartidores se sintieron respaldados por su postura contra el impuesto.
Impacto en el Ecosistema
Los trabajadores advierten que el impuesto podría aumentar los costos para los consumidores, afectando la demanda de servicios y golpeando a pequeños negocios que dependen de estas plataformas. «Nuestra demanda es que se deseche este intento de impuesto», enfatizó Gómez, destacando que la medida perjudica a todo el ecosistema de entregas.
La resolución de la Suprema Corte será clave para definir el futuro de este gravamen y su impacto en los repartidores y usuarios.
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