Congreso impugna a 26 aspirantes a jueces por vínculos criminales, delitos graves y bajo rendimiento académico
El Congreso de la Unión impugnó a 26 aspirantes a jueces federales por presuntos vínculos con el crimen organizado, delitos graves como abuso sexual y por no cumplir requisitos académicos mínimos.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República presentaron formalmente 26 impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra igual número de aspirantes a juzgadores federales, señalando causas tan diversas como vínculos con el crimen organizado, procesos penales en curso, fallos judiciales que favorecieron a delincuentes y deficiencias académicas.
Motivos de las impugnaciones
Según el expediente compartido por ambas cámaras, los aspirantes impugnados:
- Emitieron sentencias favorables a personas con antecedentes delictivos.
- Están imputados por delitos como delincuencia organizada o abuso sexual.
- En ocho casos, no cumplen con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, requisito establecido para ocupar un cargo judicial.
Casos emblemáticos: defensa de narcotraficantes
Uno de los nombres más controvertidos es el de Fernando Escamilla, aspirante a juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, quien en el pasado fue abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, exlíder del cártel de Los Zetas. Este antecedente ha despertado serias preocupaciones sobre su perfil ético y su posible independencia judicial.
La organización civil Defensorxs ya había advertido sobre algunos de estos perfiles, señalando que varios aspirantes mantenían vínculos con grupos criminales o con redes de corrupción judicial. Las impugnaciones del Congreso coinciden con estos señalamientos, lo que refuerza la presión sobre el TEPJF para revisar minuciosamente cada caso.
La decisión está en manos del TEPJF
El Tribunal Electoral será ahora el encargado de determinar si los 26 candidatos deben ser excluidos del proceso de selección. Esta resolución será clave para asegurar la integridad y legitimidad de la justicia federal en México.
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