¿Cuánto efectivo puedes tener en casa sin que el SAT te investigue?
El SAT regula montos de efectivo para prevenir delitos financieros; declarar ingresos y respetar límites evita sanciones e investigaciones fiscales.
En México, los contribuyentes deben declarar sus ingresos y egresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente si superan los 400 mil pesos anuales.
Aunque no hay un límite específico sobre cuánto dinero en efectivo se puede guardar en casa, el uso de efectivo en transacciones está sujeto a restricciones para evitar delitos financieros, como el lavado de dinero.
Estas medidas se encuentran reguladas bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
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El SAT aplica límites en operaciones en efectivo con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2025 es de 113.14 pesos diarios, equivalentes a 41,273.52 pesos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por ejemplo, los pagos en efectivo están limitados a 907,948.50 pesos en la compraventa de inmuebles y hasta 363,179.40 pesos en la compra de vehículos, joyería, metales preciosos, relojes, obras de arte, servicios de blindaje, y arrendamientos de bienes. Superar estos montos puede derivar en sanciones o investigaciones por parte del SAT.
Es importante destacar que guardar grandes cantidades de efectivo, como los 907,948.50 pesos permitidos en transacciones de inmuebles, no significa que el SAT no pueda investigar.
Los contribuyentes están obligados a declarar estos fondos y demostrar su origen legítimo para evitar problemas fiscales. Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia y prevenir actividades ilícitas en el manejo de dinero.
Además, la legislación establece que exceder los límites en efectivo o utilizar recursos no declarados puede resultar en multas o acciones legales, por lo que es vital respetar estas regulaciones.
Para estar en regla, se recomienda utilizar transferencias electrónicas o medios de pago rastreables, además de llevar un control claro de ingresos y egresos.
Cumplir con estas disposiciones no solo evita conflictos legales, sino que contribuye a mantener un sistema financiero más seguro y transparente.
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