Bombardeo en Colombia deja menores reclutados muertos
El bombardeo en Guaviare expone la complejidad del conflicto colombiano, donde menores reclutados quedan atrapados en la violencia de los grupos armados.
Un bombardeo del Ejército colombiano en el Guaviare, dirigido contra una estructura disidente de las FARC encabezada por Iván Mordisco, dejó al menos seis menores de edad muertos. Las autoridades confirmaron que formaban parte del campamento atacado.
Los menores fallecidos habían sido reclutados forzosamente por la disidencia. Su presencia en el campamento evidencia la continuidad del reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados ilegales en regiones selváticas.
El Ministerio de Defensa sostuvo que la operación se realizó para evitar una emboscada y proteger a las tropas. Señaló que, pese a la tragedia, los menores habían sido incorporados al combate y estaban dentro de un objetivo militar.
El presidente Gustavo Petro reconoció la responsabilidad política del operativo. Afirmó que la decisión se tomó ante un riesgo inminente sobre sus tropas, aunque admitió que el uso de bombardeos con información incompleta implica un alto costo humano.
Cuestionamientos de organismos y especialistas
Grupos de derechos humanos han expresado preocupación por posibles violaciones al derecho internacional humanitario, cuestionando si se respetaron los principios de proporcionalidad, distinción y precaución en la ejecución del ataque.
Impacto político y social del operativo
El hecho reavivó el debate sobre la estrategia militar del Gobierno frente a las disidencias. También generó indignación al visibilizar nuevamente el drama de los niños soldados y la urgencia de fortalecer mecanismos de prevención y protección.
El bombardeo en Guaviare expone la complejidad del conflicto colombiano, donde menores reclutados quedan atrapados entre la violencia del Estado y de los grupos armados. Aunque el Gobierno argumenta que actuó para salvaguardar a sus tropas, la muerte de jóvenes en combate plantea un profundo dilema ético y legal. El país enfrenta el desafío de diseñar estrategias de seguridad que no solo combatan a las disidencias, sino que prioricen la protección de la niñez en territorios vulnerables.
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