Cruces migratorios en frontera sur de EU caen a mínimo histórico bajo políticas de Trump
Los cruces de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos cayeron a 6 mil 070 en junio, su nivel más bajo desde que se tiene registro, informó el Gobierno de Trump.
Los cruces de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos —que incluye los límites con México en California, Arizona, Nuevo México y Texas— cayeron en junio a 6 mil 070 personas, la cifra más baja desde que se lleva registro oficial. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró que este descenso confirma la eficacia de sus políticas de seguridad fronteriza y deportación.
La cifra representa una disminución del 15 por ciento respecto a marzo, cuando se reportaron 7 mil 180 detenciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 28 de junio se registraron apenas 137 detenciones en toda la frontera sur, el número diario más bajo en al menos 25 años. A nivel nacional, la Patrulla Fronteriza reportó un total de 8 mil 039 arrestos.
En su informe mensual, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que junio cerró con 25 mil 243 encuentros migratorios en todo el país, el menor número en su historia. Además, por segundo mes consecutivo, las autoridades no liberaron a ninguno de los inmigrantes detenidos, incluidos quienes solicitaron asilo.
“Las cifras no mienten: bajo el liderazgo del presidente Trump, el DHS y la CBP han batido récords y han logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, afirmó la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado oficial. La baja coincide con la discusión en la Cámara de Representantes sobre la nueva ley fiscal que inyectaría miles de millones de dólares al reforzamiento de la seguridad migratoria.
El nuevo paquete fiscal contempla más de 64 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70 mil millones adicionales para ampliar la red de detención de migrantes. También prevé la contratación de más de 20 mil nuevos agentes para la CBP y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un intento por consolidar lo que el gobierno describe como una política de “cero tolerancia” en la frontera.
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