Fiscal de Florida promueve denuncias contra exparejas para su deportación

El fiscal general del estado de Florida, James Uthmeier, desató una ola de controversia al invitar públicamente a las personas a denunciar a sus exparejas si se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, con el objetivo de que sean deportadas.

A través de una publicación en la red social X, Uthmeier compartió que su oficina recibió el reporte de una ciudadana cuya expareja —acusada de violencia— se encontraba de forma ilegal en el país, y cuya situación migratoria ya está siendo procesada para su expulsión. A raíz de ese caso, el funcionario exhortó a otras personas a seguir su ejemplo, incluso en ausencia de delitos, si su expareja está indocumentada.

«Si tu ex está ilegal en EE.UU., puedes denunciarlo», escribió Uthmeier. «Ayudemos a mantener nuestras comunidades seguras».

Tras el mensaje del fiscal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) retomó el tema promoviendo su número de denuncia anónima para reportar a personas sin documentación migratoria. Sin embargo, la dependencia no hizo referencia directa a la publicación del fiscal Uthmeier ni avaló el enfoque específico hacia exparejas.

Activistas de derechos humanos, organizaciones legales y defensores de migrantes cuestionaron duramente el llamado del fiscal, señalando que puede abrir la puerta a denuncias falsas motivadas por venganza personal, especialmente en relaciones fallidas.

La abogada migratoria Ana María Farías, del Centro de Defensa Legal para Inmigrantes, señaló que el mensaje «instrumentaliza la ley de inmigración con fines personales», y advirtió que la deportación no debe ser usada como un arma en conflictos afectivos.

«No se puede permitir que una herramienta de justicia se convierta en un mecanismo de represalia emocional», dijo Farías en entrevista.

Florida, epicentro de tensiones migratorias

Esta declaración se suma a una serie de medidas controvertidas tomadas por las autoridades de Florida en materia migratoria, en un contexto de políticas estatales cada vez más restrictivas hacia las personas indocumentadas. Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, Florida ha endurecido sus leyes, obligando incluso a hospitales y empresas a verificar el estatus migratorio de pacientes y trabajadores.

El llamado del fiscal general ha reabierto el debate sobre los límites entre seguridad pública y justicia personal, y sobre el uso ético de las leyes migratorias. Mientras algunos lo ven como una medida para frenar la ilegalidad, otros lo consideran una invocación peligrosa al abuso del sistema legal por razones personales.

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