Harvard bajo presión: EE.UU. exige información sobre protestas estudiantiles o perderá programa de matrícula internacional
Harvard tiene 72 horas para entregar al gobierno de EE.UU. información sobre las protestas estudiantiles en su campus o perderá su programa para estudiantes extranjeros. La medida ha generado fuertes críticas por atentar contra la libertad académica.
La Universidad de Harvard enfrenta una grave amenaza institucional tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender temporalmente su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), el cual permite a estudiantes extranjeros inscribirse legalmente en instituciones estadounidenses. La revocación, anunciada este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pone en jaque a miles de estudiantes internacionales y levanta una fuerte polémica sobre libertades civiles, vigilancia estatal y autonomía universitaria.
Según la carta enviada por la titular del DHS, Kristi Noem, Harvard tiene 72 horas para entregar información “detallada y verificable” sobre las actividades recientes de protesta y “eventuales actos de violencia o desorden público” en los que hayan participado alumnos de la institución, particularmente vinculados a manifestaciones propalestinas y a disturbios registrados en campus universitarios durante las últimas semanas.
Un giro político: presión sobre las universidades
Esta acción se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido su discurso contra universidades consideradas “demasiado indulgentes” con expresiones de protesta, especialmente aquellas relacionadas con causas internacionales, como el conflicto Israel-Palestina. Trump ha acusado a diversas instituciones, entre ellas Harvard, de “tolerar o alentar el caos” en sus campus.
“El gobierno no permitirá que instituciones educativas se conviertan en plataformas para la agitación violenta. Si Harvard quiere mantener su capacidad para atraer estudiantes extranjeros, debe demostrar que coopera plenamente con las leyes federales y garantiza la seguridad”, afirmó Noem.
Consecuencias inmediatas para miles de estudiantes
La suspensión del SEVP representa un duro golpe para la universidad. Más de 6,000 estudiantes internacionales actualmente cursan estudios en Harvard. Sin una certificación activa, la institución no podrá emitir nuevos formularios I-20, esenciales para la obtención de visas de estudio (F-1), ni mantener el estatus legal de los alumnos actuales.
Además del impacto académico, la medida podría afectar la reputación internacional de Harvard y el financiamiento que recibe a través de programas globales de intercambio y colaboración.
Harvard responde: “Grave amenaza a la autonomía académica”
A través de un comunicado, la presidenta interina de Harvard, Danielle Holtz, calificó la medida del DHS como “una intervención política sin precedentes que vulnera la autonomía académica y la libertad de expresión”. Añadió que la universidad está revisando sus opciones legales y mantiene su compromiso con sus estudiantes nacionales e internacionales.
No toleramos actos de violencia, pero tampoco permitiremos que se criminalice la protesta pacífica ni que se espíe a nuestra comunidad. Esta acción sienta un peligroso precedente en la relación entre el Estado y la universidad.
Un clima tenso en los campus
El anuncio ha generado reacciones en cadena. Otras universidades, como Columbia y UC Berkeley, han expresado su preocupación ante lo que consideran una “escalada autoritaria” contra el pensamiento crítico y la disidencia universitaria. Diversos grupos de derechos civiles y académicos han señalado que esta decisión podría ser inconstitucional y pone en riesgo los principios básicos de la educación superior en Estados Unidos.
Además, organizaciones estudiantiles advierten que la medida podría alimentar la xenofobia y el racismo al poner bajo sospecha, de forma indirecta, a estudiantes internacionales.
¿Qué puede pasar en las próximas horas?
Harvard tiene ahora menos de 72 horas para decidir si colabora con el DHS entregando la información solicitada —lo que podría poner en riesgo la privacidad y derechos de sus estudiantes— o desafía la orden legalmente, con las consecuencias administrativas que eso conlleva.
Este episodio marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el gobierno federal y las instituciones de educación superior, en un contexto electoral donde el discurso de “orden” y “mano dura” está en el centro de la narrativa presidencial de Trump.
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