ICE y autoritarismo en Estados Unidos: la expansión del poder migratorio que siembra temor

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se ha convertido en la mayor fuerza federal de seguridad del país y una de las más grandes del mundo. Su crecimiento acelerado, su presupuesto histórico y la impunidad con la que operan sus agentes han encendido las alarmas de organizaciones civiles, autoridades locales y legisladores, que advierten que el país atraviesa una deriva autoritaria sin precedentes bajo la bandera de la política antimigrante.

Creada en 2003 e integrada al Departamento de Seguridad Interna (DHS), la agencia contaba originalmente con un mandato limitado. Sin embargo, durante el nuevo mandato de Donald Trump, ICE se transformó en el eje central de una ofensiva federal que ya no sólo afecta a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses que se oponen o documentan sus operativos.

Violencia, muertes bajo custodia y un caso que sacudió al país

En los primeros días de 2026, el asesinato de Renee Good, una ciudadana estadounidense blanca, madre de tres hijos, marcó un punto de quiebre. La mujer murió tras recibir tres disparos en la cabeza por un agente del ICE durante una protesta en Mineápolis contra las redadas migratorias. El hecho fue grabado en video y difundido ampliamente, provocando indignación nacional.

Lejos de anunciar una investigación independiente, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, justificó el homicidio calificándolo como “defensa propia” y llegó a definir el incidente como un acto de “terrorismo doméstico”, responsabilizando a la llamada “izquierda radical”.

El caso no fue aislado. En los primeros 10 días de 2026, al menos cuatro inmigrantes murieron bajo custodia del ICE. En 2025, la cifra total alcanzó 31 fallecimientos, un récord histórico para la agencia.

A principios de 2026, ICE alcanzó 22 mil agentes activos, una cifra sin precedentes. A ello se suman 20 mil elementos de la Patrulla Fronteriza y miles de efectivos de otras corporaciones federales desplegados en tareas migratorias.

El crecimiento no se limita al personal. La población detenida diariamente pasó de 40 mil a más de 70 mil personas, mientras la red de centros de detención se expandió a casi 200 instalaciones, muchas operadas por empresas privadas que lucran con la detención migratoria.

El Congreso aprobó en 2025 una legislación que triplicó el presupuesto de control migratorio, llevándolo a un récord de 170 mil millones de dólares. Además, el gobierno federal destinó 280 millones de dólares para contratar cazadores de recompensas privados y amplió el uso de bases de datos comerciales para identificar a posibles indocumentados, una práctica criticada por violar derechos civiles.

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Agentes enmascarados y sin identificación: el miedo como política

Los operativos del ICE se caracterizan cada vez más por el uso de agentes encapuchados, armados con rifles, gas pimienta y equipo táctico, que actúan sin portar identificación visible ni cámaras corporales.

La justificación oficial sostiene que estas medidas protegen a los agentes de amenazas criminales o ataques de la “izquierda radical”. Sin embargo, no existe evidencia pública que respalde esas afirmaciones.

Datos independientes revelan que la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, pese al discurso oficial que insiste en que sólo se persigue a “criminales violentos”. Lo que sí es evidente, señalan organizaciones de derechos humanos, es que la abrumadora mayoría de los arrestados son personas morenas o de origen latino.

Deportaciones masivas: promesas incumplidas y efectos devastadores

Trump prometió deportar un millón de inmigrantes en su primer año, pero cifras oficiales analizadas por el Migration Policy Institute (MPI) indican que en 2025 se realizaron 622 mil deportaciones, menos que en el último año del gobierno de Joe Biden.

No obstante, estos datos no incluyen a los llamados “autodeportados”, personas que abandonaron el país por miedo, amenazas, separación familiar o persecución constante.

El impacto ha sido profundo. Según la Brookings Institution, en 2025 salieron más inmigrantes de Estados Unidos de los que ingresaron, algo que no ocurría desde hace al menos medio siglo.

Caos local y resistencia ciudadana

Alcaldes, gobernadores, jefes de policía y directores escolares han denunciado que la presencia del ICE no reduce el crimen, sino que genera caos, miedo y desconfianza. En Mineápolis, escuelas públicas cerraron temporalmente no por amenazas criminales, sino para proteger a estudiantes de los operativos federales.

A pesar del uso recurrente de gas lacrimógeno y fuerza contra manifestantes y observadores civiles, miles de ciudadanos continúan protestando. Organizan brigadas comunitarias para alertar sobre redadas y exigen la expulsión del ICE de sus ciudades.

Alarma en el Congreso y advertencias de autoritarismo

El caucus progresista del Congreso exigió una reducción inmediata del presupuesto del ICE y mayor rendición de cuentas. Incluso el liderazgo demócrata moderado rompió su cautela.

“Están fuera de control: con máscaras, sin cámaras, sin órdenes judiciales, arrestando e incluso deportando ciudadanos estadounidenses”, denunció Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

El senador Bernie Sanders fue más lejos:

“ICE se ha convertido en un ejército doméstico para Trump. Esto va mucho más allá del tema migratorio. Se trata de cómo Estados Unidos avanza hacia el autoritarismo y el temor”.

Una nueva era migratoria marcada por propaganda y poder

Expertos coinciden en que el país enfrenta un punto de inflexión. Doris Meissner, excomisionada de migración y hoy analista del MPI, afirmó que lo ocurrido en Mineápolis “define completamente esta nueva era de política migratoria”.

El periodista Nick Miroff, de The Atlantic, advirtió que la maquinaria propagandística del gobierno no tiene precedentes, con mensajes en redes sociales, videos oficiales y discursos que normalizan una meta extrema: la deportación de hasta 100 millones de personas, casi un tercio de la población del país.

Aunque esa cifra es irrealizable, sus efectos ya son tangibles: una sociedad polarizada, comunidades aterrorizadas y una agencia federal con un poder que muchos consideran incompatible con una democracia.