La Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump aplicar orden que niega ciudadanía por nacimiento en estados republicanos
La Corte Suprema de EE.UU. permitió que Trump aplique su orden para negar la ciudadanía a hijos de indocumentados en algunos estados, sin tocar la 14ª Enmienda.
En una decisión que marca un giro relevante en la política migratoria de Estados Unidos, la Corte Suprema avaló que el presidente Donald Trump pueda aplicar su orden ejecutiva para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados en ciertas partes del país. La votación, con una mayoría de 6-3, respalda la posición del mandatario, pero deja abierta la discusión sobre la constitucionalidad del decreto presidencial al no pronunciarse sobre la validez de modificar la 14ª Enmienda.
La resolución, firmada el miércoles y anunciada este jueves en un evento desde la Casa Blanca, representa una victoria legal significativa para la administración Trump, ya que le permitirá continuar con su agenda migratoria en territorios gobernados por republicanos, como Texas y Florida, donde se concentra una parte importante de la población migrante sin documentos, principalmente de origen mexicano.
No se toca la 14ª Enmienda… por ahora
Aunque la Corte permitió que la orden entre en vigor de forma parcial, evitó emitir un juicio sobre la 14ª Enmienda, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esto implica que la constitucionalidad del decreto aún será evaluada en tribunales inferiores y probablemente volverá a llegar a la Suprema Corte en el futuro cercano.
¿Qué cambia en la práctica?
A partir de esta decisión, los jueces federales ya no podrán emitir bloqueos a nivel nacional contra acciones ejecutivas como esta, limitando su alcance solo a las jurisdicciones donde se litigue. En consecuencia, la orden presidencial podría comenzar a aplicarse en estados controlados por gobiernos afines a Trump, mientras otras regiones del país podrían seguir otorgando ciudadanía por nacimiento según el principio de jus soli.
Este precedente también tiene implicaciones más amplias: podría reforzar futuras acciones del Ejecutivo que busquen modificar políticas sociales o de inmigración sin pasar por el Congreso, lo que preocupa a expertos legales por el posible debilitamiento del equilibrio de poderes.
Reacciones y consecuencias
Organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes, como la ACLU y Human Rights Watch, calificaron la medida como “discriminatoria” y “peligrosamente cercana a una reinterpretación unilateral de la Constitución”. Por su parte, abogados constitucionalistas advierten que esta ambigüedad legal prolongará la incertidumbre para miles de familias migrantes y sentará un precedente “alarmante” sobre el uso del poder ejecutivo.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Trump celebró el fallo como un respaldo directo a su liderazgo: “No nos dejaremos intimidar. Gracias a esta decisión, estamos un paso más cerca de proteger nuestra nación y controlar nuestras fronteras”, declaró ante simpatizantes.
La batalla legal por el derecho a la ciudadanía por nacimiento está lejos de concluir. Lo que sí está claro es que, por ahora, Estados Unidos entra en un terreno legal y político incierto, donde los derechos constitucionales de miles de personas nacidas en su territorio penden de decisiones judiciales futuras.
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