Tribunal mantiene bloqueo a redadas migratorias de la administración Trump en California

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó este 1 de agosto de 2025 la orden judicial que impide a la administración de Donald Trump realizar redadas migratorias indiscriminadas en el área metropolitana de Los Ángeles, California. La decisión da continuidad a la medida emitida el pasado 12 de julio por la jueza federal Maame E. Frimpong, quien había concedido una orden de restricción temporal ante las denuncias de violaciones constitucionales.

El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones civiles y comunidades migrantes, quienes acusan al gobierno de aplicar criterios inconstitucionales para detener personas, como el color de piel, el idioma o el acento, sin una investigación o justificación individual previa. El tribunal argumentó que existe “una montaña de evidencia” que demuestra que tales prácticas violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual protege contra detenciones arbitrarias.

La restricción aplica en siete condados del sur de California, incluyendo Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, y prohíbe explícitamente las detenciones basadas únicamente en criterios físicos o lingüísticos. Mientras el litigio sigue su curso, las comunidades migrantes permanecen protegidas contra operativos masivos sin causa legal justificada.

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La administración Trump buscó revertir la orden, pero el panel del tribunal denegó la apelación, al considerar que el gobierno no logró demostrar que sus operativos se hacían con base en sospechas razonables. Según el fallo, sin pruebas contundentes de cumplimiento constitucional, no hay sustento para anular la restricción vigente.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión como una victoria para el estado de derecho, mientras que la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) destacó el impacto positivo en comunidades latinas, afectadas por operativos “sistemáticos y perjudiciales” ejecutados bajo criterios discriminatorios.

Se prevé que en septiembre de 2025 se celebre una audiencia para evaluar una orden judicial preliminar más amplia, que podría extender la protección por más tiempo. El caso podría sentar un precedente legal clave sobre los límites del poder ejecutivo en temas de inmigración, extendiéndose posiblemente hasta 2026.

El Tribunal de Apelaciones reafirma que la administración Trump no puede realizar redadas migratorias sin causa legal, especialmente si se basan en perfiles raciales o lingüísticos. La medida representa una protección temporal pero significativa para migrantes y residentes de California, y un fuerte llamado de atención a las prácticas del ICE bajo lineamientos federales.