Trump amenaza con usar al ejército ante protestas contra ICE en Minnesota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el escenario político y social al amenazar con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas federales o militarizar la Guardia Nacional ante las crecientes protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, particularmente en la ciudad de Mineápolis.
La advertencia presidencial se produce en medio de una escalada de violencia, enfrentamientos callejeros y tiroteos, que han profundizado el enojo social frente a la ofensiva migratoria impulsada por su administración.
En un mensaje difundido en redes sociales, Trump acusó a autoridades estatales y locales de permitir disturbios y de no proteger a los agentes federales desplegados en la zona.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN y pondré fin rápidamente a esta farsa”, escribió el mandatario.
La Ley de Insurrección, aprobada en 1807, faculta al presidente a usar fuerzas militares dentro del país para sofocar disturbios civiles, aun sin el consentimiento de los gobernadores estatales. Aunque ha sido utilizada más de dos decenas de veces, su aplicación es considerada extrema y altamente polémica.
La última vez que fue invocada ocurrió en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush desplegó tropas para contener los disturbios raciales en Los Ángeles, a petición de autoridades locales.
El detonante: tiroteos y operativos de ICE
La crisis se intensificó tras dos hechos clave:
El asesinato de Renee Good, de 37 años, quien murió el 7 de enero tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente de ICE.
Un nuevo tiroteo, ocurrido esta semana, cuando un agente federal disparó e hirió a un hombre que presuntamente lo atacó con una pala y un palo de escoba.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incidente más reciente ocurrió durante la detención de un migrante venezolano sin estatus legal, quien huyó y posteriormente fue auxiliado por otras dos personas que, según la versión oficial, atacaron al agente.
“Temiendo por su vida, el oficial disparó un tiro defensivo”, señaló el DHS.
El hombre herido permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que los otros dos involucrados fueron detenidos.
Protestas, gases lacrimógenos y calles militarizadas
Las calles de Mineápolis se han convertido en escenario de protestas nocturnas, enfrentamientos y uso de gas lacrimógeno. Agentes federales con equipo antimotines dispersaron a manifestantes que respondieron lanzando piedras y fuegos artificiales.
El jefe de la policía local, Brian O’Hara, declaró ilegales algunas concentraciones y ordenó su disolución. Sin embargo, la tensión persiste.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció que la presencia federal ha sobrepasado por mucho la capacidad local:
“Nuestra ciudad está siendo invadida. La fuerza federal es cinco veces mayor que nuestra policía municipal”, afirmó.
Frey sostuvo que el operativo ha generado miedo, enojo e inestabilidad, y aseguró que la situación dejó de ser un tema de control migratorio.
Minnesota acusa brutalidad federal
El gobernador Tim Walz fue aún más contundente al calificar la situación como una crisis sin precedentes:
“Esto ya no es política migratoria. Es una campaña de brutalidad organizada contra la gente de Minnesota por parte del propio gobierno federal”, declaró.
Hasta el momento, ni la oficina del gobernador ni la alcaldía han confirmado si aceptarían un despliegue militar, escenario que podría profundizar el conflicto constitucional entre estados y la Casa Blanca.
Más de 2 mil arrestos y una ofensiva que no cede
El Departamento de Seguridad Nacional informó que desde principios de diciembre se han realizado más de 2 mil arrestos migratorios en Minnesota, y aseguró que la estrategia continuará pese a las protestas.
ICE, agencia dependiente del DHS, ha reiterado que sus operativos son “legales y necesarios”, mientras organizaciones civiles advierten sobre violaciones a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y criminalización de comunidades migrantes.
Un precedente peligroso
Analistas advierten que una eventual activación de la Ley de Insurrección podría sentar un precedente histórico, reavivando el debate sobre el uso del ejército contra civiles y el alcance del poder presidencial en tiempos de crisis social.
Mientras tanto, Mineápolis permanece en alerta máxima, con una población dividida entre el temor, la indignación y la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir si el conflicto escala a un nivel militar.
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