Trump despliega Guardia Nacional en 19 estados y amenaza con intervención en Chicago
Además del despliegue, Trump lanzó una advertencia directa a Chicago, ciudad a la que calificó como un “desastre” en materia de seguridad.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó la movilización de 1,700 miembros de la Guardia Nacional en 19 estados como parte de su ofensiva contra la inmigración ilegal y el crimen. Esta medida busca reforzar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante tareas como gestión de casos, transporte, toma de huellas digitales y recolección de muestras de ADN.
Los efectivos desplegados operarán bajo la autoridad del Título 32, lo que permite a los gobernadores conservar el mando directo sobre la Guardia Nacional, al tiempo que se evitan las restricciones del Acta del Posse Comitatus, que limita la participación militar en funciones de seguridad civil.
Además del despliegue, Trump lanzó una advertencia directa a Chicago, ciudad a la que calificó como un “desastre” en materia de seguridad. También acusó al alcalde Brandon Johnson de ser “incompetente” y aseguró que los habitantes “nos piden a gritos que vayamos”.
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Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de líderes locales y estatales, quienes señalaron que una intervención federal podría violar la Décima Enmienda y atentar contra el principio de soberanía estatal. Diversos analistas advierten que una acción de este tipo desataría una fuerte confrontación política y legal.
El despliegue y las amenazas contra Chicago forman parte de la estrategia de seguridad interna de la administración Trump, centrada en endurecer la lucha contra el crimen y la inmigración irregular. Según la Casa Blanca, estas medidas buscan responder al “clamor ciudadano” en zonas con altos índices de violencia.
Sin embargo, juristas y defensores de derechos civiles cuestionan tanto la legalidad como la eficacia de esta política, advirtiendo que el uso de fuerzas militares en asuntos de seguridad pública podría generar abusos y tensiones entre los gobiernos estatales y federales.
La decisión de Trump marca una intensificación de sus políticas de control interno, reforzando su discurso de mano dura. Con ello, el presidente reabre un debate histórico en Estados Unidos sobre los límites del poder federal frente a la autonomía de los estados.
