Salinas Pliego denuncia a México ante la Corte Interamericana por presunta persecución política
Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando al Estado mexicano de persecución política, tras disputas fiscales y agotadas instancias nacionales.
Después de agotar los recursos legales dentro de México, Ricardo Salinas Pliego, empresario y presidente de Grupo Salinas, dio un paso poco usual entre los grandes empresarios del país: acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una denuncia formal contra el Estado mexicano por lo que considera una persecución política sistemática.
Desde 2023, el magnate ha estado envuelto en una disputa con autoridades fiscales y judiciales, que derivó en un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 51 mil millones de pesos, correspondiente a créditos fiscales acumulados durante más de una década.
Tras perder diferentes amparos y recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salinas Pliego argumentó que las instancias nacionales ya no ofrecían protección efectiva a sus derechos, lo que lo llevó a elevar su caso ante la CIDH en Washington, Estados Unidos.
¿Qué acusa Salinas Pliego?
En la denuncia, el empresario sostiene que ha sido objeto de un hostigamiento fiscal, judicial y administrativo coordinado por el gobierno, con la intención de limitar su participación en el debate público, su libertad de expresión y su influencia política y económica. Entre los puntos que presentaron ante la CIDH se encuentran:
- Auditorías fiscales excesivas y repetidas.
- Daño reputacional a través de declaraciones públicas oficiales.
- Uso político de las instancias fiscales y judiciales del país.
- Restricción de libertades fundamentales en un contexto de confrontación con el gobierno.
Salinas Pliego también sostuvo una reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, como parte del proceso de presentación de su expediente, el cual incluye, según su equipo, pruebas documentales y argumentativas sobre el trato que consideran desigual por parte del Estado mexicano.
El trasfondo de la disputa
La disputa entre el magnate y el Gobierno federal no es reciente. Iniciada desde conflictos fiscales abiertos durante administraciones anteriores, la controversia escaló en años recientes al compás de acusaciones cruzadas sobre si se trataba de decisiones estrictamente legales o un intento por deslegitimar a uno de los empresarios más visibles del país.
Aunque autoridades como la propia presidenta Claudia Sheinbaum han señalado en otras ocasiones que no existe un tinte político en el proceso fiscal —argumentando que se trata de obligaciones legales independientes de la política—, Salinas Pliego ha enfatizado que se trata de un ataque al Estado de derecho y a la libertad de expresión.
¿Qué puede esperar el público?
Una vez que la demanda se presenta ante la CIDH, el proceso es largo y complejo. La comisión puede analizar si procede una admisión del caso, y en su caso, remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que determine si el Estado mexicano violó efectivamente derechos protegidos internacionalmente.
Es importante destacar que estos procesos suelen tardar años y no implican cambios automáticos en las políticas del país, pero sí generan atención internacional sobre temas de derechos humanos y Estado de derecho.
