Gestación por sustitución en México: entre un negocio millonario, el vacío legal y el derecho a formar una familia
La gestación por sustitución en México mueve millones, pero enfrenta un vacío legal. Solo dos estados la permiten. Esto es lo que debes saber.
La gestación por sustitución, también conocida como vientre subrogado, se ha consolidado en los últimos años como una alternativa real para personas con infertilidad, parejas del mismo sexo y familias diversas que buscan tener hijos. Sin embargo, en México esta práctica avanza en medio de un vacío legal, debates éticos y una industria que mueve millones de pesos.
Aunque para muchos representa la posibilidad de cumplir el deseo de formar una familia, para otros se ha convertido en un negocio poco regulado que expone tanto a las personas gestantes como a los futuros padres a riesgos legales y económicos.
¿Qué es la gestación por sustitución?
La gestación por sustitución es un procedimiento mediante el cual una mujer acepta gestar un embarazo para otra persona o pareja, sin que exista un vínculo genético directo en la mayoría de los casos. El embrión se forma mediante técnicas de reproducción asistida y, tras el nacimiento, el bebé es entregado a los padres intencionales.
Este método ha ganado relevancia entre parejas LGBTQ+, mujeres con imposibilidad médica para embarazarse y personas solteras que desean ejercer su derecho a la maternidad o paternidad.
Un procedimiento costoso que mueve millones
En México, el costo de la gestación subrogada puede oscilar entre 500 mil y 1.5 millones de pesos, dependiendo de factores como clínicas, tratamientos médicos, honorarios legales, compensaciones a la mujer gestante y seguimiento médico durante el embarazo.
Este alto costo ha dado lugar a una industria privada creciente, integrada por agencias intermediarias, clínicas de fertilidad y despachos legales, que operan en un entorno con poca supervisión gubernamental.
Solo dos estados la permiten legalmente
Actualmente, solo Tabasco y Sinaloa cuentan con legislación que permite la gestación por sustitución, aunque con restricciones importantes. En ambos casos, las leyes han sido modificadas para limitar el acceso principalmente a ciudadanos mexicanos y establecer condiciones específicas sobre quiénes pueden recurrir a este procedimiento.
En el resto del país, la ausencia de una ley federal provoca que muchos procesos se realicen en una zona gris, generando incertidumbre jurídica sobre la filiación del menor, los derechos de la mujer gestante y las obligaciones de las partes involucradas.
Riesgos legales y derechos en juego
La falta de regulación nacional ha derivado en conflictos legales relacionados con:
- El reconocimiento legal de la maternidad o paternidad
- La protección de los derechos de la mujer gestante
- La prevención de prácticas de explotación
- La seguridad jurídica del menor
Especialistas advierten que, sin un marco legal claro, tanto las familias como las mujeres que participan en estos procesos quedan vulnerables ante posibles abusos o incumplimientos contractuales.
Debate ético y social: ¿derecho o negocio?
El tema divide opiniones. Por un lado, organizaciones y familias defienden la gestación por sustitución como una herramienta de inclusión y libertad reproductiva. Por otro, colectivos feministas y expertos en bioética alertan sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres, especialmente en contextos de desigualdad económica.
El debate continúa abierto:
¿Debe regularse para garantizar derechos y evitar abusos o limitarse para impedir su comercialización?
¿Hacia una regulación nacional?
Diversos sectores han insistido en la necesidad de una ley federal que regule la gestación por sustitución, establezca criterios claros, proteja a todas las partes y evite la discrecionalidad entre estados.
Mientras tanto, la práctica sigue creciendo, impulsada por la demanda, la falta de alternativas y el deseo legítimo de muchas personas de formar una familia.
