Congreso de CDMX propone hasta 12 años de cárcel y multas por matar perros y gatos
El Congreso de la CDMX avanza una iniciativa para castigar con hasta 12 años de cárcel y multas de más de 200 mil pesos a quien cause la muerte de perros o gatos, buscando mayor protección animal en la capital.
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) impulsa una iniciativa legislativa con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes causen la muerte de perros y gatos de forma dolosa o por maltrato.
La propuesta contempla penas de hasta 12 años de prisión y multas que superan los 200 mil pesos, lo que representaría uno de los marcos más estrictos en protección animal dentro del país.
La medida ha generado atención nacional y reacciones en sectores civiles, activistas y legisladores, en un contexto donde la defensa de los derechos de los animales y el combate al maltrato han cobrado mayor relevancia en las agendas públicas.
Detalles de la iniciativa: penas y multas en CDMX
De acuerdo con la propuesta, quien cause la muerte de un perro o un gato —sea mascota o animal sin dueño— podría enfrentar penas graves con base en el Código Penal de la Ciudad de México. Las sanciones planteadas incluyen:
- Hasta 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y circunstancias.
- Multas económicas que pueden superar los 200 mil pesos, orientadas a aplicar una sanción económica importante al responsable del delito.
- Agravantes en caso de que la acción se dé con ferocidad, premeditación o en presencia de menores de edad, lo que podría incrementar las penas.
La propuesta nace como respuesta a numerosos casos de maltrato animal registrados en espacios públicos y privados de la capital, que han generado indignación social y demandas de justicia por parte de colectivos y ciudadanos.
Objetivo: reforzar la protección animal
Quienes impulsan esta iniciativa —entre ellos diputados de distintas fuerzas políticas de la CDMX— aseguran que actualmente las sanciones por maltrato o muerte de animales son insuficientes para disuadir hechos graves.
La intención es reforzar el marco jurídico para que se considere al maltrato animal no solo como una falta administrativa, sino como un delito con consecuencias penales reales y proporcionales.
Entre los argumentos presentados por los legisladores se encuentra la necesidad de reconocer que los animales domésticos forman parte de la convivencia y la sociedad, y que su protección debe ser equiparada a otros delitos que dañan el tejido social.
Esta perspectiva se alinea con la creciente tendencia internacional de considerar a los animales como seres que merecen protección jurídica específica.
Respaldo ciudadano en CDMX
La iniciativa ha sido bien recibida por colectivos animalistas, organizaciones civiles y amplios sectores de la ciudadanía que han manifestado su apoyo a través de redes sociales y pronunciamientos públicos.
Para muchos, sanciones más severas pueden ser un elemento disuasivo frente a actos de crueldad que, hasta ahora, han tenido consecuencias legales limitadas.
También se ha señalado que este tipo de marcos penales envía una señal clara sobre el valor de la vida animal y la responsabilidad de las personas que conviven con mascotas, promoviendo una cultura de respeto y bienestar.
Próximos pasos legislativos
La iniciativa, que fue presentada formalmente ante el pleno del Congreso local, será discutida en comisiones para analizar su viabilidad, posibles modificaciones y prescripciones específicas dentro del texto legal.
Durante este proceso, diputados de distintas bancadas tienen la oportunidad de aportar ajustes y de consolidar un frente común en defensa de los animales.
De ser aprobada en la Ciudad de México, la reforma podría sentar un precedente en otras entidades del país que buscan fortalecer su legislación en materia de protección animal.
Cultura de respeto hacia los animales
Con esta propuesta, la CDMX da un paso importante hacia una política legislativa que responde a demandas ciudadanas crecientes por protección animal.
En un país donde millones de hogares consideran a perros y gatos como parte integral de la familia, legislar en su defensa representa no solo una respuesta legal, sino un avance social que refuerza el valor de la vida y el bienestar de quienes conviven con los seres humanos.
