Cinco años de cárcel para estudiante del IPN por uso criminal de inteligencia artificial
Un estudiante del IPN fue sentenciado a cinco años de prisión por modificar con inteligencia artificial imágenes de mujeres sin su consentimiento y venderlas en redes sociales. El caso abre un debate urgente sobre el mal uso de la tecnología y la falta de regulación sobre violencia digital en México.

La noche del jueves 22 de mayo se confirmó la sentencia de cinco años de prisión para Diego «N», estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado de alterar con inteligencia artificial (IA) imágenes de mujeres para su distribución sin consentimiento. El fallo marca un precedente judicial en México sobre el uso malintencionado de herramientas tecnológicas y plantea una profunda reflexión sobre los límites éticos del uso de la IA, especialmente entre jóvenes.
Un caso construido desde el activismo estudiantil
La denuncia fue impulsada y acompañada por la Colectiva de Justicia Digital, integrada por alumnas del propio IPN, quienes jugaron un papel clave en visibilizar la magnitud del daño. Las víctimas señalaron que Diego «N» acumuló más de 160 mil imágenes —algunas reales y otras manipuladas digitalmente— de niñas y mujeres sin su consentimiento, para posteriormente venderlas a través de grupos privados en redes sociales, particularmente en Facebook.
El caso despertó indignación dentro y fuera de la comunidad politécnica, al revelar un patrón sistemático de acoso digital, violencia de género y explotación tecnológica, ejercido con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes falsas o alteradas con contenido íntimo.
Inteligencia artificial: ¿herramienta o arma?
Este no es un caso aislado. El uso de IA para crear «deepfakes» o imágenes falsas con fines de acoso o violencia sexual va en aumento. La facilidad con la que pueden obtenerse estas herramientas y la falta de regulación clara ha dejado un vacío legal que muchos aprovechan.
Aunque el desarrollo tecnológico ha traído enormes beneficios, también ha servido como instrumento para nuevas formas de violencia digital, particularmente contra mujeres y menores de edad. La reproducción de estereotipos, la cosificación digital y la normalización del acoso en línea son prácticas que encuentran nuevos terrenos con cada avance tecnológico.
En este contexto, el caso de Diego «N» no solo es un proceso penal, sino una llamada de atención a instituciones educativas, autoridades y plataformas digitales.
Hasta el momento, el IPN no ha emitido un posicionamiento oficial contundente sobre el caso, lo cual ha sido duramente criticado por la comunidad estudiantil y organizaciones feministas. La falta de protocolos efectivos en casos de violencia digital dentro de las universidades se hace evidente una vez más, y refleja una desconexión entre las políticas institucionales y las nuevas realidades que enfrentan las juventudes en entornos digitales.
Justicia digital: una deuda pendiente
Para la Colectiva de Justicia Digital, la sentencia representa un avance, pero insisten en que aún falta mucho por hacer. El sistema de justicia mexicano carece de herramientas adecuadas para atender delitos tecnológicos con perspectiva de género, y muchas veces revictimiza a las denunciantes o minimiza los daños.
Además, se plantea la necesidad de reformas legislativas urgentes para tipificar la violencia digital mediada por IA, sancionar su uso con fines de explotación o acoso, y establecer mecanismos de prevención, educación digital y justicia restaurativa.
Una generación frente al espejo
El caso de Diego «N» pone en evidencia una crisis ética entre jóvenes usuarios de tecnología. ¿Cómo están siendo educados para usar herramientas tan poderosas como la inteligencia artificial? ¿Qué valores están guiando su formación digital? En una era donde los entornos virtuales son extensiones cotidianas de la vida real, la educación emocional, la ética tecnológica y la alfabetización digital con enfoque de derechos humanos son más urgentes que nunca.
La sentencia contra Diego «N» no cierra un caso, sino que abre una conversación nacional necesaria sobre el uso y abuso de la inteligencia artificial. Si no se desarrollan políticas públicas, marcos legales y herramientas pedagógicas eficaces, la tecnología continuará siendo utilizada para perpetuar violencias, esta vez disfrazadas de innovación.
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