Diputados aprueban Ley de Inteligencia con acceso a datos

Con acusaciones del PAN y PRI de haber violado el proceso legislativo, diputados de Morena y sus aliados del PT y PVEM, además de MC, aprobaron la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, para lo cual se podrá solicitar información a instituciones públicas y privadas para esclarecer delitos de alto impacto por parte de organizaciones delictivas, como el secuestro, el homicidio y la extorsión.

Los errores en el dictamen fueron evidenciados por el coordinador de los diputados priistas Rubén Moreira, por lo que solicitó que se suspendiera su discusión, pero el presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dijo que se solucionarían con una errata.

Así, tras una guerra de acusaciones del oficialismo y la oposición, y en maratónica sesión de más de 20 horas, la reforma fue avalada con 323 votos a favor y 117 en contra y se remitió al Senado de la República.

Se contempla el acceso de las instituciones de seguridad a bases de datos personales, biométricos, telefónicos y vehiculares, así como registros fiscales, financieros, bancarios, de telecomunicaciones e incluso de salud, en poder de autoridades del Estado o particulares, con el fin de prevenir, investigar y perseguir los delitos.

Para ello, se crea el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad, como el órgano responsable de la operación diaria del sistema, de la administración y el control de la Plataforma Central de Inteligencia, así como del uso y aprovechamiento de la información y la generación de los productos de inteligencia.
También se plantea interconectar los sistemas de inteligencia del gobierno federal, estados y municipios, así como de entes privados, para la investigación de estos delitos.

Se podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública y a los demás entes públicos y privados, registros de comercio, de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima, y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.

Las instituciones de seguridad integrarán al Sistema Nacional todos los registros, las bases de datos, los archivos administrativos, los sistemas de inteligencia de los que disponen y cualquier otra fuente en su poder que resulte necesaria para la identificación y el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

De acuerdo con el dictamen, el nuevo ordenamiento tiene como objetivo establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y entes que lo integran, a efecto de eficientar los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, además de las causas que los generan y así lograr la paz social.

También se menciona que el sistema podrá realizar mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales.

Elaborará también reportes sobre antecedentes, modos de operación, planes, operaciones comerciales y financieras, estrategias, alianzas y delitos, en particular los de alto impacto cometidos por personas, grupos y organizaciones criminales.

Jessica Saide, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que el Sistema no será solo un organismo centralista ni autoritario, sino una plataforma de interconexión para generar productos de inteligencia con información clave para prevenir delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas o los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

“No se trata de espionaje, tampoco se van a interceptar comunicaciones privadas, no se va a instalar vigilancia sin control judicial. El sistema va a respetar escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias”, indicó.

Los panistas, entre ellos el coordinador Elías Lixa y César Israel Damián Retes, advirtieron que la ley, impulsada por Morena y aprobada en fast track, representa uno de los retrocesos más graves en materia de libertades, privacidad, derechos humanos y federalismo en la historia reciente de México.

“Se está legalizando un sistema de espionaje permanente, donde cualquier persona puede ser vigilada, sin orden judicial, sin notificación y sin la posibilidad de defenderse. Esta ley otorga acceso ilimitado a información biométrica, médica, fiscal, financiera, educativa y de telecomunicaciones, sin criterios de necesidad, proporcionalidad ni control judicial”, advirtieron.

Los priistas, por su parte, colocaron en la tribuna una pancarta que decía: “Un Estado fisgón”; denunciaron violaciones al proceso legislativo y alertaron nuevamente sobre el riesgo de espionaje indiscriminado a los ciudadanos.

“Están violando el proceso legislativo, incumpliendo los plazos y los dictámenes modificados. Aquí los acordeones del bienestar de Morena se llaman dedazo y se llaman levantamanos del bienestar. Quieren imponer un Estado fisgón, pero selectivo, con privilegios del bienestar”, afirmó la diputada Xitlalic Ceja.

SE ENTREGARÁ INFORMACIÓN DE MEXICANOS A EMPRESAS EXTRANJERAS

Durante el ríspido debate, diputados del PAN y PRI denunciaron la entrega de información personal de los mexicanos a gobiernos extranjeros, ya que de acuerdo con el artículo 39 del nuevo ordenamiento se podrán estar interconectados, mediante la Plataforma Central de Inteligencia, de manera temporal o permanente a través de requerimiento a la CNI y bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, con organismos regionales e internacionales, gobiernos y empresas extranjeras, para la prevención de delitos, esclarecimiento de hechos y fines del proceso penal.

Así lo denunció la panista Paulina Rubio:

“Díganle a los mexicanos de frente y sin mentiras que con esta ley le permiten a su gobierno entregarle la información de todos los mexicanos y mexicanas a los gobiernos extranjeros”.

Acusó a los morenistas, petistas y pevemistas de ser unos “vende patrias”.

“Nos quitan nuestras libertades y nuestra privacidad. Muestran el mayor acto de sumisión, de permisividad y de intervencionismo y sometimiento frente a gobierno extranjeros. En el barco, que se hunde de Morena, brincan para salvar sus pellejos y su visa a costa de la privacidad de los mexicanos”.

Por su parte, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, calificó a los representantes oficialistas de “esbirros del extranjero”.

“Van a mandar la información de las y los mexicanos al extranjero. Ustedes son esbirros del extranjero, ustedes están al servicio de las fuerzas extranjeras. En eso terminaron, en gatos del extranjero, ¡y a maullar, gatos, a maullar!”, afirmó.

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