Elecciones judiciales en México costaron más de 7 mil millones
México celebró sus primeras elecciones judiciales con una baja participación del 13% y un costo superior a los 7 mil millones de pesos.
Las elecciones del pasado domingo 1 de junio marcaron un hecho inédito en la historia democrática del país: por primera vez, los ciudadanos eligieron directamente a integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, este ejercicio pionero estuvo marcado por un elevado costo económico y una escasa participación ciudadana.
El proceso fue organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que enfrentó un importante reto logístico y presupuestal. A pesar de haber solicitado más de 13 mil millones de pesos para organizar los comicios, solo se le otorgaron alrededor de 7 mil millones tras una ampliación de recursos de última hora.
¿El resultado? Un costo de más de 580 pesos por voto emitido, considerando que únicamente entre el 12.5% y el 13.3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal acudieron a votar, según cifras preliminares del propio INE.
Organización apresurada y presupuesto recortado
Además de la polémica de fondo, el INE tuvo que sortear serios desafíos logísticos. Con apenas tres meses para preparar el proceso, y una reducción considerable en el número de casillas respecto a elecciones federales anteriores, muchas personas enfrentaron dificultades para localizar su centro de votación o se desmotivaron ante la falta de información clara sobre los candidatos judiciales.
Pese a ello, el gobierno federal ha defendido la elección como “un ejercicio inédito de empoderamiento ciudadano”. Aun así, los resultados han dejado preguntas abiertas sobre la efectividad de este modelo, especialmente cuando se compara la inversión pública con el nivel de respuesta ciudadana.
¿Hacia dónde va la reforma judicial?
Aunque se trató de un ejercicio piloto y no vinculante para algunos órganos judiciales, la elección del 1 de junio podría sentar las bases para futuras reformas constitucionales de mayor calado. Por lo pronto, el bajo nivel de participación y la fuerte inversión pública obligan a revisar a fondo los mecanismos de elección, la pedagogía electoral y la viabilidad técnica de este modelo.
México se enfrenta a un dilema: ¿cómo construir instituciones democráticas fuertes sin politizar los órganos que deben mantenerse neutrales? La respuesta no es sencilla, pero sin duda será un debate central en los próximos años.
