Fiscalía del Edomex explica cómo opera el ‘huachicol de agua’
La Fiscalía del Estado de México explicó cómo es que opera el "huachicol del agua", luego de que realizó varias acciones como parte de la Operación Caudal.
La Fiscalía del Estado de México reveló los modus operandi de las redes dedicadas al ‘huachicol de agua’, las cuales extraen y revenden el recurso hasta un 60 % más caro de su precio regulado. Este fenómeno, similar al robo de combustible, ha cobrado relevancia ante la sustracción ilegal de agua, un recurso cada vez más escaso en la entidad y el país.
Durante el fin de semana, las autoridades realizaron la “Operación Caudal” en 48 municipios del Estado de México, en coordinación con las fuerzas armadas, para desmantelar estas redes. El operativo permitió intervenir 51 pozos, clausurar 138 tomas clandestinas y asegurar 322 pipas, además de detener a siete personas sorprendidas en flagrancia. La fiscalía explicó que estos grupos obtienen el agua de tres fuentes principales: pozos ilegales, sobreexplotación de pozos domésticos y pinchazos a redes oficiales.
Según la institución, el costo regulado de una pipa de agua es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros, pero en municipios como Ecatepec, el precio se eleva hasta un 60 % más, mientras que en Cuautitlán el sobrecosto alcanza el 41.4 %, en Tlalnepantla el 32.4 % y en Toluca el 10 %. Además, las ganancias son totales, pues se trata de agua robada y no potabilizada, lo que representa un riesgo para la salud.
La Fiscalía del Edomex también señaló que en estas operaciones participan organizaciones sociales y sindicatos con fachada de legalidad, como la USON, ACME, Los 300, Libertad, 25 de Mayo, 22 de Octubre y Chokiza, además de comisariados ejidales y autoridades locales. Estas agrupaciones distribuían el agua mediante pipas sin permisos, incluso tipo tráiler, con el fin de acaparar y controlar el suministro.
Tras el operativo, más de 200 transportistas de agua y trabajadores de purificadoras realizaron bloqueos en la Ciudad de México y el Estado de México, argumentando que fueron afectados por las clausuras y que no son huachicoleros, sino piperos. La fiscalía recordó que, desde la reforma al Código Penal del Estado de México, la extracción y venta de agua sin permiso es un delito con penas de dos a seis años de prisión, por lo que exhortó a los distribuidores a abastecerse solo de puntos oficiales autorizados.
