Freno total a la Reforma Judicial en Jalisco: actores sociales exigen avances en 2026
A casi nueve meses de plazo vencido, la reforma judicial en Jalisco aún no se aprueba, denuncian organismos y universidades.
La discusión de la Reforma Judicial en Jalisco continúa estancada, pese a que el plazo constitucional para su aprobación venció el 14 de marzo de 2025. El grupo plural de la Comisión de Puntos Constitucionales integró en un solo dictamen las siete iniciativas recibidas, pero hasta el momento no existen los acuerdos necesarios para llevar la propuesta al pleno del Congreso.
Diversos sectores —empresarios, universidades y organizaciones civiles— han manifestado su preocupación por el retraso. A través de un pronunciamiento conjunto, señalaron que este “excesivo aplazamiento” afecta la certidumbre jurídica, la confianza institucional y el desarrollo económico del estado. Además, solicitaron que el debate se reactive en enero de 2026, ante el riesgo de seguir posponiendo una reforma crucial para el sistema judicial.
El proyecto contempla cambios profundos, entre ellos la elección por voto popular de jueces y magistrados, la creación del Instituto de Justicia Alternativa, y una reorganización estructural del Poder Judicial. No obstante, los puntos más polémicos —como los métodos de selección de candidatos mediante insaculación o tómbola y la reconfiguración del Tribunal de Justicia Administrativa— han generado fuertes desacuerdos entre las bancadas, lo que explica el prolongado estancamiento.
El retraso legislativo tiene consecuencias prácticas: autoridades y organizaciones han advertido que la falta de avance frena la renovación de jueces y magistrados, compromete la eficiencia de los tribunales e incrementa la incertidumbre para la ciudadanía. Además, el plazo para armonizar la Constitución estatal con la federal vence en abril de 2026, lo que aumenta la presión para alcanzar acuerdos durante los próximos meses.
Las voces involucradas coinciden en que es necesario un diálogo técnico, plural y transparente que incluya a la sociedad civil, la academia y los poderes judiciales. De no lograrse consensos, advierten que podría profundizarse la desconfianza institucional y mantenerse paralizado el proceso de modernización de la justicia en Jalisco.
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