Operativo contra el “huachicol hídrico” en el Edoméx
El operativo en Chalco e Ixtapaluca deja en evidencia que el “huachicol” no solo afecta al sector energético, sino también a los recursos naturales más vitales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo un amplio operativo denominado “Operación Caudal”, con el objetivo de frenar la extracción y comercialización ilegal de agua —conocida como huachicol hídrico— en varios municipios mexiquenses.
Durante los cateos realizados la madrugada del viernes, las autoridades aseguraron al menos dos pozos municipales en Chalco e Ixtapaluca, los cuales presuntamente eran utilizados para surtir camiones cisterna ligados a sindicatos como el 22 de Octubre.
En total, la operación tuvo impacto en 48 municipios, con el aseguramiento de 189 inmuebles y el decomiso de 332 pipas. Los pozos intervenidos pertenecían a los organismos de agua locales, Odapas Chalco y Odapas Ixtapaluca, donde se sospecha que funcionarios pudieron haber permitido la extracción irregular del recurso.
Las primeras indagatorias apuntan a organizaciones sindicales y grupos de piperos acusados de beneficiarse de la venta ilícita de agua. Entre los investigados se encuentran los sindicatos Unoson, Los 300 y 22 de Octubre.
De acuerdo con las autoridades, este último fue fundado por un regidor del Ayuntamiento de Chalco, vinculado al Partido Verde Ecologista de México, y habría estado operando con tomas clandestinas desde hace meses, enviando agua a diferentes colonias sin autorización oficial.
La extracción ilegal de agua agrava la crisis hídrica que viven municipios del oriente del Estado de México. Este delito no solo afecta el abasto a las comunidades, sino que también encarece el acceso al recurso, provocando desigualdad y tensiones sociales.
Las autoridades destacaron que el operativo busca proteger un derecho humano esencial, además de visibilizar un problema que por años ha operado en la sombra: el tráfico ilegal de agua.
La FGJEM continuará con las investigaciones para determinar si funcionarios municipales o directivos de los organismos operadores estuvieron involucrados en la red.
Asimismo, se planea revisar permisos, contratos y concesiones de los camiones cisterna que distribuyen agua en la región, con el fin de prevenir nuevas irregularidades.
El gobierno estatal adelantó que se implementará una estrategia integral de vigilancia que incluirá monitoreo digital de pozos, cámaras de seguridad y denuncias ciudadanas, para impedir la explotación ilegal del líquido.
El operativo en Chalco e Ixtapaluca deja en evidencia que el “huachicol” no solo afecta al sector energético, sino también a los recursos naturales más vitales. La lucha contra el mercado negro del agua será clave para garantizar que este bien esencial permanezca al servicio de la población y no de intereses ilícitos.
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