Tlaxcala: líderes rurales exigen consulta pública antes de aprobar la Ley General de Aguas

Productores y campesinos tlaxcaltecas manifestaron su inquietud y rechazo ante la posible aprobación “al vapor” de la nueva Ley General de Aguas, debido a que consideran que podría afectar gravemente el uso comunitario del agua, los derechos de pequeños productores y la seguridad hídrica rural sin incluir consulta previa ni acuerdos con los sectores afectados.

Durante reuniones comunitarias y asambleas agrarias, campesinos y representantes de organizaciones rurales han destacado que el proyecto de ley se discute sin transparencia, sin diálogo con las comunidades y sin garantizar mecanismos efectivos para proteger el acceso equitativo al recurso hídrico, especialmente para quienes dependen del riego de sus tierras. Además, señalan que el proceso legislativo ha avanzado sin una consulta amplia, lo que contraviene principios de participación ciudadana y derechos comunitarios.

Productores expresaron que la propuesta de Ley General de Aguas podría abrir espacios a la privatización velada del agua, afectando especialmente a comunidades rurales que han mantenido formas tradicionales de uso y gestión del recurso. También enfatizaron que la falta de reglas claras sobre volúmenes, derechos de extracción y tarifas podría traducirse en mayores costos para los campesinos, reduciendo su capacidad productiva y competitividad.

Autoridades ejidales y líderes agrarios han solicitado que, antes de cualquier aprobación, el Congreso federal implemente foros de consulta pública, mesas de diálogo con especialistas en agua y agricultura, así como con representantes de pequeños productores y pueblos originarios. Esto ayudaría a garantizar que la legislación refleje las necesidades reales de quienes dependen directamente del recurso.

El debate en torno a la Ley General de Aguas no solo ha generado preocupación en Tlaxcala, sino también en diversas regiones rurales del país, donde se busca un equilibrio entre el uso sustentable del agua, la protección de derechos comunitarios y la promoción del desarrollo económico. Campesinos advierten que una aprobación apresurada podría generar conflictos sociales, afectaciones a la producción agrícola y una mayor vulnerabilidad en comunidades con acceso limitado al agua.

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