Guanajuato mantiene penalización del aborto: ¿una decisión contra la justicia reproductiva?
Guanajuato decidió mantener el aborto como delito, ignorando la resolución de la SCJN que lo despenaliza a nivel federal. El Congreso estatal votó en contra de una reforma clave en derechos reproductivos.
El Congreso del Estado de Guanajuato votó este jueves en contra de la despenalización del aborto, desatando controversia y encendiendo el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres en uno de los estados más conservadores del país. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta fue rechazada por una mayoría encabezada por legisladores del PAN, sumando el sorpresivo cambio de voto de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien en última hora se alineó con la oposición a la reforma.
La iniciativa buscaba modificar el Código Penal estatal para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en concordancia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal.
Sin embargo, a pesar de este precedente legal, Guanajuato decidió mantener el aborto como delito, siendo uno de los pocos estados donde sigue vigente la criminalización total. Según datos oficiales, en lo que va del sexenio se han iniciado más carpetas de investigación por aborto que por feminicidio en la entidad: 72 por aborto contra 68 por feminicidio.
¿Desobediencia constitucional?
La decisión ha sido duramente criticada por legisladoras de oposición, colectivas feministas y organismos de derechos humanos. La diputada Sandra Pedroza (MC), principal promotora de la iniciativa, calificó el resultado como un «retroceso» y una muestra de que el Congreso actúa con criterios morales y no con base en los derechos constitucionales.
La lucha que se ha dado en las calles por parte de mujeres, activistas y quienes desde las instituciones defendemos los derechos humanos, no puede quedar ignorada por prejuicios ideológicos”, expresó Pedroza durante la sesión.
La ministra de la SCJN, Lenia Batres, también cuestionó públicamente la decisión del Congreso guanajuatense, recordando que el tema ya no es solo político, sino jurídico:
Deben acatar lo que dictó la Corte. La no penalización del aborto es una obligación constitucional, afirmó.
¿Qué viene ahora?
Aunque la iniciativa fue rechazada y archivada, la historia aún no termina. Actualmente está en proceso un amparo ante la Suprema Corte que podría obligar a Guanajuato a armonizar su legislación local con la sentencia federal, abriendo la puerta para que, más temprano que tarde, el aborto deje de ser considerado un delito en el estado.
Además, instituciones federales ya avanzan en garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que brindará este servicio en todas sus clínicas para trabajadoras del gobierno federal, incluso en entidades donde sigue penalizado, como Guanajuato.
¿Por qué sigue siendo delito?
Guanajuato justifica la criminalización del aborto con argumentos basados en la «protección de la vida desde la concepción», postura sostenida principalmente por el PAN. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que esta postura no solo contraviene la Constitución, sino que expone a mujeres, especialmente a las más pobres y vulnerables, a riesgos legales y de salud pública.
Además, estudios han demostrado que la penalización no reduce el número de abortos, sino que los empuja a la clandestinidad, aumentando los riesgos médicos y psicológicos para quienes lo practican sin acceso a condiciones seguras.
¿Hasta cuándo?
La decisión del Congreso local plantea un dilema profundo: ¿deben los congresos estatales tener la potestad de ignorar resoluciones de la Suprema Corte en temas de derechos humanos?
Mientras tanto, en Guanajuato, las mujeres que decidan interrumpir un embarazo seguirán enfrentando riesgos legales, estigmas sociales y barreras institucionales. El tema no está cerrado, pero la pregunta persiste: ¿cuánto más deberán esperar las mujeres guanajuatenses para que sus derechos sean reconocidos en plenitud?
