Megaoperativo migratorio en California deja 361 detenidos, 14 menores rescatados y un migrante mexicano muerto

Una de las mayores redadas migratorias en la historia reciente de California tuvo lugar el pasado jueves 10 de julio, cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) irrumpieron en dos grandes plantaciones de cannabis ubicadas en las ciudades de Camarillo y Carpintería, al sur del estado. El saldo del operativo fue de 361 trabajadores agrícolas detenidos y al menos 14 menores de edad rescatados, de los cuales ocho no estaban acompañados por adultos.

El operativo, que forma parte de una investigación federal sobre trabajo infantil y presuntas violaciones laborales en granjas operadas por Glass House Farms, una de las compañías de cannabis con licencia más grandes de la región, se convirtió rápidamente en el centro de la polémica nacional. De acuerdo con testigos y defensores de derechos humanos, la intervención fue “violenta y caótica”, dejando además a varios trabajadores heridos y al menos una persona muerta.

Un migrante muerto en intento de huida

El Gobierno de México confirmó que el migrante fallecido fue Jaime Alanís, originario de Michoacán, quien murió tras caer del techo de un invernadero mientras intentaba escapar del operativo en Camarillo. Según informes forenses, Alanís sufrió fracturas en el cráneo y cuello, así como la ruptura de una arteria cerebral que provocó su muerte. La Cancillería mexicana expresó su preocupación y pidió una investigación clara sobre las condiciones del operativo.

Menores en riesgo y condiciones laborales bajo investigación

Entre los 14 menores encontrados durante el operativo, ocho fueron clasificados como “no acompañados”, lo que implica que se encontraban en el país sin un tutor legal. Esto refuerza las sospechas de que las plantaciones investigadas podrían estar implicadas en violaciones graves a las leyes laborales, particularmente en relación con la explotación infantil en la industria agrícola.

Las granjas de Glass House Farms, bajo investigación desde hace meses, enfrentan ahora múltiples cargos potenciales, incluyendo la contratación de trabajadores indocumentados, empleo de menores de edad en condiciones peligrosas y posibles violaciones a normativas de seguridad ocupacional.

La redada generó reacciones encontradas. Mientras el DHS defendió el operativo como parte de su deber de hacer cumplir las leyes laborales y migratorias, organizaciones defensoras de derechos humanos y laborales lo calificaron de desproporcionado y traumático.

“Este tipo de acciones no solo criminalizan la pobreza, también castigan a quienes se ven forzados a trabajar en condiciones que nadie debería tolerar”, afirmó Teresa Padilla, vocera de la Red de Apoyo a Migrantes del Sur de California.

Por su parte, funcionarios de inmigración justificaron la operación como “necesaria para combatir la explotación laboral y proteger a los menores”.

Organizaciones mexicanas y estadounidenses exigen ahora transparencia, rendición de cuentas y garantías de protección para los migrantes detenidos, muchos de los cuales aún enfrentan procesos judiciales o de deportación.

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