Empresas ligadas a “Los Chapitos” venden a gobiernos de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur
Empresas sancionadas por EE.UU. por sus vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa han sido proveedoras de universidades, hospitales y gobiernos en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur desde 2018.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 6 de octubre a 12 empresas y ocho personas físicas por su presunta colaboración con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas compañías distribuyen y comercializan precursores químicos y equipo de laboratorio empleados para la producción de fentanilo y metanfetamina destinadas al mercado estadounidense.
La Plataforma Nacional de Transparencia reveló que siete de las 12 compañías sancionadas han sido proveedoras de dependencias federales y estatales en el noroeste de México.
Entre 2018 y 2025, estas empresas obtuvieron 630 contratos públicos —la mayoría por adjudicación directa— por un monto total de 35.7 millones de pesos.
Empresas involucradas:
- Comercial Viosma del Noroeste SA de CV
- Storelab SA de CV
- Favelab SA de CV
- Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV
- Favela Pro SA de CV
- Quilab SA de CV
- Sumilab SA de CV
Las compañías sancionadas proveyeron materiales y reactivos de laboratorio a instituciones como:
- Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
- Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO)
- Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
- Universidad de Sonora (Unison)
- Universidad Estatal de Sonora (UES)
- Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Universidad Politécnica de Sinaloa
- Universidad Politécnica del Valle del Évora
También participaron con centros de investigación federales coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHyTI), como:
- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
- Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)
- Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
El CIAD Mazatlán fue el cliente más frecuente de dos empresas señaladas: Storelab SA de CV y Sumilab SA de CV, con 70 contratos directos por 6.1 millones de pesos entre 2021 y 2024.
Según la OFAC, Storelab es filial de Sumilab, ambas propiedad de la familia Favela López, a quienes se les atribuye la creación de una red de distribución de precursores químicos tanto en México como en Estados Unidos.
Tras las primeras sanciones en 2023, la familia modificó los nombres y la imagen de sus empresas, pero continuó con sus operaciones, según la investigación estadounidense.
Gobiernos estatales también contrataron a las empresas
El Gobierno de Sinaloa, a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, el DIF estatal, el Centro de Ciencias de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán, aparece entre los contratantes de las empresas sancionadas.
En Baja California Sur, las dependencias involucradas fueron la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de La Paz, mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable.
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