Fallo de la SCJN respalda ajuste de pensión a miles de jubilados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que respalda el derecho de miles de jubilados a recibir un ajuste en sus pensiones, con el fin de que no pierdan poder adquisitivo frente al aumento constante de los precios.

La resolución beneficia principalmente a quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, trabajadores que comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997. Este grupo representa a una parte importante de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El máximo tribunal determinó que la pensión por cesantía en edad avanzada debe calcularse con base en el salario mínimo vigente y no únicamente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), siempre que el primero resulte más favorable para el trabajador.

El fallo busca garantizar que las pensiones mantengan su valor real, evitando que la inflación erosione los ingresos de quienes ya concluyeron su vida laboral. De esta manera, la Corte fortalece el principio constitucional de que la seguridad social debe preservar el bienestar de los trabajadores y sus familias.

La decisión surge tras diversas demandas de jubilados que argumentaron que los ajustes actuales no reflejaban el aumento del costo de vida, generando una pérdida acumulada de su poder de compra en los últimos años.

De acuerdo con fuentes jurídicas, la resolución crea un precedente que obliga al IMSS a realizar los ajustes necesarios para cumplir con el nuevo criterio, lo que podría traducirse en un aumento inmediato de las pensiones.

El impacto será variable según cada caso, ya que dependerá del régimen, monto de pensión y fecha de retiro. Sin embargo, especialistas en seguridad social estiman que decenas de miles de jubilados podrían beneficiarse directamente.

Además del beneficio económico, el fallo también tiene un valor simbólico: reconoce el derecho de los pensionados a recibir un ingreso digno y actualizado conforme a las condiciones económicas del país.

La SCJN subrayó que los derechos derivados de la seguridad social deben interpretarse siempre bajo un enfoque de máxima protección, especialmente tratándose de personas mayores o en situación de vulnerabilidad económica.

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