FGR recupera mansión vinculada al caso Lozoya
La Fiscalía General de la República obtuvo la mansión vinculada a la ex esposa de Emilio Lozoya en Ixtapa-Zihuatanejo, presuntamente adquirida con recursos relacionados con el caso Agronitrogenados y sobornos de AHMSA.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró quedarse con una mansión vinculada a Marielle Helene Eckes, ex esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción ligados al caso Agronitrogenados.
El inmueble, ubicado en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, había sido asegurado desde 2019 por autoridades federales bajo la sospecha de que fue adquirido con recursos provenientes de sobornos relacionados con la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados durante la administración de Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con las investigaciones federales, la residencia habría sido comprada poco tiempo después de que Pemex autorizó la adquisición de la planta a Altos Hornos de México (AHMSA), operación que posteriormente se señaló como una compra con sobreprecio millonario para el Estado mexicano.
La propiedad fue asegurada desde 2019
Agentes del Ministerio Público Federal colocaron sellos de aseguramiento en la residencia como parte de las indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se investiga dentro del entramado de presuntos sobornos relacionados con Lozoya.
La Fiscalía sostiene que el inmueble se adquirió con recursos derivados de pagos ilegales vinculados a AHMSA, empresa que presuntamente entregó sobornos al exdirector de Pemex para facilitar la compra de la planta Agronitrogenados.
Las autoridades federales indicaron que la vivienda, considerada una residencia de lujo, cuenta con diversas amenidades y forma parte de un complejo exclusivo en la costa del Pacífico mexicano.
El caso Lozoya: uno de los mayores escándalos de corrupción
El caso que involucra a Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector energético mexicano.
La Fiscalía acusa al exfuncionario de participar en una red de sobornos y operaciones financieras irregulares relacionadas con la compra de la planta Agronitrogenados, propiedad de AHMSA, una instalación que llevaba años sin operar cuando fue adquirida por Pemex.
Las autoridades federales han señalado que esta operación provocó un daño patrimonial de cientos de millones de dólares, debido al alto precio pagado por una planta considerada obsoleta.
Además, Lozoya también enfrenta procesos judiciales en México relacionados con el caso Odebrecht, el esquema internacional de sobornos que involucró a funcionarios de varios países de América Latina.
Propiedades de Lozoya bajo investigación
La residencia vinculada con su ex esposa no es el único inmueble relacionado con las investigaciones contra Lozoya.
La FGR también ha mantenido asegurada una casa en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada en aproximadamente 38 millones de pesos, la cual también se investiga por su posible relación con operaciones de lavado de dinero.
La dependencia ha sostenido públicamente que estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de actividades ilícitas, motivo por el cual ha impulsado diversos procedimientos judiciales para que pasen definitivamente a manos del Estado.
Caso Lozoya: Investigaciones continúan
Aunque algunos procesos judiciales relacionados con Lozoya han enfrentado resoluciones contradictorias en tribunales, la FGR ha reiterado que continuará utilizando la Ley Nacional de Extinción de Dominio para recuperar bienes que, según sus investigaciones, fueron adquiridos con dinero ilícito.
La dependencia sostiene que estos procedimientos buscan reparar el daño al erario y combatir la corrupción en el sector público, uno de los principales ejes de las investigaciones abiertas contra exfuncionarios del sexenio pasado.
El caso Lozoya sigue abierto y continúa generando decisiones judiciales relevantes, tanto en materia penal como en la recuperación de bienes vinculados con presuntos actos de corrupción.
