Morena impulsa polémica “Ley Anti-Stickers”
La Ley Anti-Stickers será discutida en las comisiones del Congreso, se espera que reciba modificaciones y fuertes cuestionamientos constitucionales y sociales.
Morena ha encendido un debate nacional tras presentar en la Cámara de Diputados la llamada “Ley Anti-Stickers”, una iniciativa que busca sancionar con cárcel a quienes difundan memes, stickers, audios, videos o imágenes generadas con inteligencia artificial cuando estos sean utilizados para ridiculizar, dañar la reputación o suplantar a una persona.
El proyecto propone añadir artículos al Código Penal Federal, estableciendo penas de 3 a 6 años de prisión, además de multas de cientos de días de salario mínimo, para quienes “creen, manipulen, transformen, reproduzcan o difundan” contenido digital ofensivo.
En caso de que la víctima sea un funcionario público en ejercicio, la sanción sería mayor, lo que ha generado mayor polémica.
Estos son algunos de los argumentos que se presentaron tanto a favor como en contra de la Ley Anti-Stickers:
A favor:
- Morena sostiene que la medida es necesaria para combatir el ciberacoso, los deepfakes y los daños digitales.
- Afirman que la inteligencia artificial facilita nuevas formas de violencia que requieren un marco legal actualizado.
En contra:
- Expertos y usuarios advierten que la ley podría usarse para censurar la crítica política, la sátira o el humor.
- La ambigüedad de conceptos como “ridiculizar” o “dañar reputación” abre la puerta a un efecto inhibidor en la libertad de expresión.
- Tampoco prevé excepciones claras para la parodia, la caricatura o la sátira política, piezas fundamentales en la cultura democrática.
Aunque en México ya existen normas civiles que protegen la imagen y reputación, esta sería la primera vez que se plantean castigos penales tan severos. De aprobarse, podría transformar la relación entre ciudadanos, humoristas, periodistas y autoridades.
La Ley Anti-Stickers será discutida en las comisiones del Congreso, donde se espera reciba modificaciones y fuertes cuestionamientos constitucionales y sociales antes de avanzar.
El debate de fondo es claro: ¿hasta dónde debe regularse el lado oscuro del humor digital sin poner en riesgo la libertad creativa y crítica que sostiene la pluralidad democrática?
